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Prof. Vladímir Davydov,
Doctor titular en Economía,
Director del Instituto de Latinoamérica
de la Academia de Ciencias de Rusia (ILA ACR)

 

Acerca de los principales parámetros y resultados de la transición económica y social en España

 

Al examinar la experiencia de la transición española disponemos de buenas premisas para lograr una apreciación analítica de la misma, ya que, por una parte, ha quedado atrás un período históricamente bastante prolongado y significativo y, como bien sabemos, desde tal perspectiva, a posteriori, muchas cosas aparecen más claras y con mayor relieve. En segundo lugar, hoy contamos ya con una sólida bibliografía científica sobre el particular con textos de autores tanto españoles como de otros países.

 

No podemos decir que la hispanística rusa haya logrado la plena intelección del camino recorrido en estas últimas décadas por la sociedad y la economía españolas. Pero sí podemos constatar que algo se ha hecho en esta dirección, y no poco. Entre otros trabajos, cabe señalar las monografías de S. Khenkin y A. Butorina, el ciclo de artículos de investigadores del Centro de Estudios Ibéricos del ILA ACR sobre diversos aspectos del desarrollo contemporáneo de España,  publicados en la revista «América Latina», las memorias de I Simposio Ruso-Español, editadas por nuestro Instituto. Todo esto facilita considerablemente la tarea que nos planteamos hoy y que podemos definir como un intento de determinar concretamente y explicar los rasgos fundamentales, esenciales de la transición española.

 

Al objeto de clarificar mi enfoque conviene aducir dos observaciones preliminares. La primera es que hay transiciones y transiciones, distintas unas de otras. A diferencia, por ejemplo, de lo ocurrido en los estados postsocialistas de Europa Central y Oriental, España no ha experimentado una transformación sistémica, pero sí ha sido sometida a una transformación de carácter integral. ¿Por qué no se puede aplicar a la transformación en España el calificativo de sistémica? Por la sencilla razón de que en ese país ya existía de antes, sin solución de continuidad, una economía básicamente de mercado, si bien había permanecido largamente en forma cerrada (o semicerrada). Si el proceso de transformación en España tuvo el carácter de transformación integral es porque de hecho en España se llevó a cabo una triple transición, que se realizó en tres planos del desarrollo.

 

Para comprobar esta tesis conviene precisar con qué bagaje entró España en el período transitorio y con qué cuenta al concluirlo. En el apogeo del franquismo España se caracterizaba, en primer término, por la existencia de un sistema político totalitario. Alguien objetará que no se trataba de un sistema totalitario, sino cuasi totalitario. Admitámoslo. De todos modos, aun en el mejor de los casos, como se dio en el último tramo del franquismo, constatamos la existencia de rígidos mecanismos autoritarios. En segundo lugar, cabe hablar con pleno fundamento de una economía estatista rígidamente regulada.  En tercer lugar, la sociedad española y su base económica permanecieron largo tiempo bastante aisladas del contexto mundial. Puede decirse que esta situación hermética se debía también a causas externas: a raíz de la guerra civil y, más tarde, tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, en ámbito mundial predominaba una actitud de rechazo al franquismo.

Y en el plano interno, era una situación motivada por el instinto de conservación del régimen franquista.

 

¿Con qué nos encontramos al término de la transición? Por una parte, está un sistema plenamente democrático con instituciones constitucionales consolidadas, la actividad competitiva de diferentes partidos políticos y una sociedad civil estructurada, con separación bastante equilibrada de los poderes en función de su finalidad funcional, con garantías satisfactorias (según los estándares europeos) de los derechos del individuo y defensión social de los ciudadanos. Por otra parte, un sistema económico liberal y una política económica liberal, con elementos de orientación social. Por último, se aplica un modelo de economía abierta, integrada en el espacio económico de la Unión Europea, con delegación de una serie de funciones de soberanía a los órganos transnacionales de este bloque integracionista, el más acabado al día de hoy.    
Todo esto conforma el entramado de la triple transición.

 

La segunda observación preliminar tiene que ver con el marco del proceso transitorio.  Es un punto que conviene aclarar para que entendamos de modo unívoco el propio objeto de este examen.
Con respecto al marco cronológico  de la transición, entre los hispanistas se defienden distintos puntos de vista, que han suscitado y siguen suscitando acalorados debates. Es un tema acerca del cual el historiador inglés Charles Powell ha tratado de modo pormenorizado en su monografía fundamental sobre la democratización en España. Pero no vamos a extendernos aquí sobre el particular. Nos limitaremos a decir que el espectro de opiniones queda enmarcado en dos puntos de vida extremos. Uno es el de una interpretación estrecha que promueve al primer plano la transición política propiamente dicha. Desde esta visión el marco cronológico es efectivamente breve: desde la muerte de Franco en 1975 hasta la adopción en 1978 de la Constitución del Estado democrático. Pero éste es, a nuestro juicio, un enfoque estrictamente institucional.

 

El otro punto de vista es el de una interpretación en extenso, que toma en consideración todo el conjunto de los cambios y avances ocurridos hasta la aparición de un nuevo estado cualitativo. Y puesto que yo mismo, como dije antes, me atengo a la concepción de una triple transición, las fronteras del período transitorio deben trazarse teniendo en cuenta las tres hipóstasis de la transición. Planteada así la cuestión, tenemos que el punto de partida de dicho período se sitúa a finales de los años 50 y comienzos de la década del 60. El punto de referencia concreto es entonces el año de 1959, cuando se adopta el «Plan de Estabilización», que señala un cambio substancial en la política del régimen franquista. En tal caso es lógico situar la frontera final de la transición en el período en que empieza a funcionar plenamente el nuevo sistema político y social, cuando se verifica la existencia de un mecanismo efectivo de reemplazo del Gobierno por vía electoral, cuando cristaliza una economía abierta de carácter competitivo, integrada en el espacio de mercado de la Unión Europea, incluyendo el aspecto monetario (el lanzamiento del euro). Por último, queda por mencionar un criterio más de la transición: el hecho de España haya alcanzado en sus índices de desarrollo económico el nivel medio europeo. Me es difícil dar una fecha concreta. Pero, por lo visto, cabe suponer que esa frontera final se inscribe en la zona de deslinde los siglos XX y XXI.

Pasemos ahora a la interpretación del contenido del período transitorio desde este enfoque amplio. ¿Cuáles son los principales factores iniciales de la transición  (o llamémoslo en esa fase proceso de transformación)? En el señalamiento de dichos factores hay que empezar por la erosión interna del propio régimen franquista, por la presión externa que se ejercía sobre él con el fin de asegurar la “distensión política”, por el efecto demostrativo de los Estados democráticos vecinos y por el proceso latente de maduración de la sociedad civil.

 

Las condiciones que propiciaron la transición y permitieron superar los riesgos y evitar escollos fueron:
- el papel amortiguador de la monarquía, la feliz suerte que le tocó a España en lo que concierne a las cualidades personales del monarca (tolerancia, flexibilidad política y firme propósito de llevar a buen puerto la democratización);
- la madurez de las principales fuerzas políticas, su capacidad para llegar a un compromiso basado en concesiones recíprocas y promover el consenso social, del que son símbolo los Pactos de la Moncloa;
- el propio hecho de que en definitiva el consenso arraigara en la cultura política de la sociedad.

 

En lo que atañe a la esfera económica son de señalar las siguientes circunstancias. La puesta en marcha del proceso de transformación fue propiciada por el aflujo de recursos que llegaban por dos conductos principales: los ingresos producidos por el boom del turismo y las remesas de los emigrados. Esto, a su vez, fue posible gracias al “deshielo” político. Luego vino el aflujo de capital extranjero, con una relación proporcionada entre capital de préstamo e inversiones empresariales.  En el caso español la dependencia de la deuda externa no se convirtió en una mina de acción retardada como ocurrió, por ejemplo, en muchos países latinoamericanos.

 

Otros factores positivos fueron la formación de una numerosa capa media, hecho éste que tuvo efectos económicos y políticos. Económicos, por cuanto se tradujo en la creación de una sólida base para la estabilidad de la demanda interna solvente. Políticos, por cuanto la clase media se convirtió en una fuerza social que propugnaba consecuentemente la democratización y en el “cimiento” del consenso político y social, sobre el iba a descansar el modelo español de transición.

Quizá convenga destacar también el papel que ha desempeñado el mercado interior. Aunque la reestructuración económica en España, la perestroika española, suponía fundamentalmente apertura  de la economía al mundo externo, al mercado exterior, el mercado interior resultó ser un factor autónomo bastante estable. La reestructuración del mismo se realizó gradualmente, paso a paso. En España no hubo  “terapia de choque”. En cierto sentido, el mercado interior actuó como “factor conservador” positivo.

 

Nos acercamos aquí al tema del papel y el carácter de la clase empresarial española. La transición en España no dio lugar a fuertes distorsiones y abusos como los que se dieron en muchos países en transición en las postrimerías del siglo XX (incluyendo la formación de pirámides financieras). El tradicional conservadurismo de la empresa familiar desempeñó en este caso un papel positivo. Y esta posiblemente sea la causa de que la economía española no haya sido víctima de la evasión de capital en proporciones como las que están sufriendo ahora las economías de Rusia y otros muchos estados postsocialistas, por ejemplo. Por otra parte, el sistema tradicional de las instituciones crediticio-bancarias, el arraigo de este sistema a nivel local creaban premisas constantemente favorables para la acumulación de recursos financieros y la buena marcha del proceso inversionista en las nuevas condiciones.

 

No estará de más considerar aquí el carácter de la política económica española. Es obvio que su eje, a lo largo de todo el período transitorio, ha sido la adaptación  escalonada a la normativa de la Comunidad Económica Europea, y luego de la UE. Pero sería erróneo decir que la política económica seguía las pautas de un modelo fijado a priori (pongamos por caso el del “consenso de Washington”) y obedecía al dictado de un centro exterior (del FMI, por ejemplo). Dicho con otras palabras, no ha sido una política profundamente ideologizada ni mitificada. En su conjunto, la política económica de España —tanto antes de que ascendieran al poder los socialistas como durante su primer gobierno e incluso en los años de gobierno del Partido Popular— ha sido eminentemente pragmática, esto es, que atendía a las demandas del momento y procuraba dar una respuesta adecuada a los problemas que surgían.

 

Huelga demostrar el significado positivo y, quizá, incluso estratégico de la participación de España en la integración europea. La distribución de recursos a través de los fondos de cohesión de la UE ha fortalecido la economía española y ha elevado su nivel de desarrollo. Además, España conservó largo tiempo en el marco de la Unión Europa la tradicional ventaja competitiva derivada del coste relativamente bajo de la mano de obra.

 

Así pues, gracias a los factores que hemos enumerado hasta aquí, España ha logrado en definitiva superar un período complejo de su historia con costos mínimos y efecto apreciable.

Entre tanto, la entrada en el nuevo siglo supone un cambio cualitativo en las condiciones de desarrollo del país, lo cual, por cierto, es una prueba más de que el período de la transición ya está agotado.

 

¿En que consiste esa nueva calidad? El momento actual está marcado por las crecientes demandas de que se modifiquen los fundamentos institucionales de la sociedad española. Se vuelve a plantear la cuestión del reparto de facultades entre los diversos órganos de poder. ¿Cuál ha de ser en perspectiva el papel del Senado, cuál ha de ser el papel del monarca? ?Podrá el príncipe heredero jugar el mismo papel que el Rey padre? Y es que el actual papel de la monarquía ha sido determinado en gran medida por las cualidades personales de un personaje histórico concreto? Otro problema particularmente complejo tiene que ver con el Estado de autonomías. A posteriori está claro que la fórmula adoptada en los inicios de la transición permitió resolver el problema etnopolítico en la multinacional España. Pero no dejaba de ser una solución provisional. El hecho de que estos últimos años se hayan intensificado las reclamaciones de las nacionalidades indica claramente que España tendrá que adoptar decisiones espinosas en buscas de un nuevo ordenamiento de las relaciones entre el Centro y las Comunidades Autónomas. Y no está descartada la posibilidad de que en un futuro previsible haya que concertar cierta fórmula de federalización. Otra peculiaridad del momento actual es la creciente presión del flujo inmigratorio, en que predominan personas oriundas del mundo musulmán. Por supuesto, sería muy prematuro hablar de una eventual re-reconquista demográfica. Pero la existencia de este fenómeno de creciente tirantez política es un hecho evidente.

Hoy en día hay fundamento para decir que ya se percibe el agotamiento de los anteriores recursos de desarrollo. En particular, debido a ka elevación del nivel de vida de los españoles y al ingreso en la UE de países menos prósperos, se ha esfumado la ventaja relacionada con las diferencias en el costo de la mano de obra. El brusco encarecimiento de los hidrocarburos viene a agravar el problema del déficit energético en la economía española. Agréguese a ello la lentitud en el aprovechamiento de los recursos de innovación tecnológica, la inercia en el desarrollo de la base nacional de I+D, el ingreso en la Unión Europea de países orientales que implican mayor competencia para muchos productos españoles tradicionales.

En otras palabras, España está entrando en una etapa en la que tendrá que afrontar condiciones de desarrollo mucho más complejas en comparación con las de los años 90 del siglo pasado. ¿Podrá el Gobierno de Rodríguez Zapatero encontrar la llave adecuada para abrir las puertas del bienestar en esta nueva fase de la historia? Todo indica que para resolver esta tarea no va abastar con simples retoques cosméticos o reparaciones ocasionales, habrá que diseñar y poner en marcha nuevos mecanismos.
 

 

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