Marina Chumakova

Doctora Titular (Politología)
Directora del Centro de Estudios Políticos, ILA

RESULTADOS DEL CICLO ELECTORAL

En el transcurso del año 2006 e inicios de 2007 han sido relevados o reelegidos los máximos mandatarios de 11 estados de América Latina. La legitimidad de sus mandatos está avalada por los resultados de comicios presidenciales que se señalaron por los altos índices de actividad del electorado y de los nuevos actores políticos que disputaban el poder a la élite tradicional. De ahí que el análisis de las peculiaridades de este reciente ciclo electoral revista especial importancia para determinar los vectores de cambio político que están operándose en el continente.

Desafíos a la estabilidad en el contexto social

Desde finales del siglo pasado se venían observando en varios países del área indicios de desestabilización y malestar masivo por la política de sus respectivos gobiernos, centrados en la aplicación de los patrones neoliberales de reforma económica. Por un lado, la escasa eficiencia de los mecanismos de gobierno y las corruptelas, las crisis políticas y constitucionales provocaban el descrédito de los partidos gobernantes y minaban la confianza en las instituciones públicas. Por otro, iba creciendo la popularidad de corrientes opositoras que propugnaban el cambio del modelo del desarrollo y la protección de la soberanía. Las élites políticas, que con frecuencia se revelaban incapaces de superar la crisis de gobernabilidad, de estimular el desarrollo sostenible y asegurar la estabilidad, no podían arrostrar los severos retos sociales. La disparidad extrema en la distribución de la renta, la expansión del desempleo, la pobreza y la miseria (1) alimentaban estados de ánimo antioficialistas y generaban conmociones sociales. Los brotes de nuevos fenómenos tales como la activación sin precedente de las organizaciones no gubernamentales y los movimientos indígenas, ecologistas y de defensa de los derechos humanos, que han venido madurando en el seno de las sociedades latinoamericanas, se entrelazan con el sistema medular de relaciones tradicionalistas, con el clientelismo, el nepotismo, la desigualdad en la distribución de los ingresos, el bajo nivel de conciencia jurídica y de respeto a la ley, propios de tales relaciones. Esto, a su vez, hace que el creciente potencial de los movimientos socio-políticos y las cambiantes formas de participación política no siempre se transformen en energía creativa que tienda a la consolidación de la sociedad y la concordia nacional, sin las cuales resulta imposible concretar en la práctica los ideales del desarrollo sostenible y las perspectivas de estabilización política se tornan ilusorias. Todo ello ha dado lugar al derrubio del deslinde entre los aspectos sociales y políticos de la vida social, acrecentando las posibilidades de movilización masiva de los sectores opositores y articulación de sus demandas en los momentos de agudización de la situación política interior, especialmente en el marco de las campañas electorales.

Desde comienzos del siglo XXI las agujas del barómetro político latinoamericano oscilan constantemente, presagiando cambios de rumbo en unos países y continuidad en otros. La probabilidad de que la oposición radical accediera al poder creció muy particularmente en los estados problemáticos de la zona “crítica” de los Andes. El malestar provocado por los costos sociales de las reformas neoliberales, la creciente presión por parte de los partidos opositores y organizaciones no gubernamentales que reclamaban medidas contundentes para poner fin a la extrema disparidad en la distribución de la renta y la adopción de una política de orientación social, determinaron en gran medida el triunfo de los candidatos de la oposición en Brasil, Argentina y Uruguay, donde asumieron el poder gobiernos que pueden ser considerados como componentes del flanco izquierdo de la palestra política.

En la subregión andina los alarmantes síntomas de desestabilización venían multiplicándose año tras año. En los casos de Ecuador, desde comienzo de 1998, y de Bolivia, a partir de 2003, hemos asistido a toda una serie de renuncias de presidentes legítimos, cuyos índices de popularidad caían en picado. En 2005, con un mes de intervalo, fueron derrocados por “golpes callejeros” el presidente ecuatoriano Leoncio Gutiérrez y el boliviano Carlos Mesa. En ambos casos sus renuncias se produjeron en medio de fuertes conmociones sociales y crecientes manifestaciones de repulsa al gobierno. En total, durante los últimos diez años 14 jefes de Estado se vieron forzados a abandonar el poder antes de completar su mandato.

Estos sucesos han motivado numerosos comentarios en los medios de información mundiales. Otra vez empezaron a hablar sobre América Latina que hasta aquel momento parecía quedarse en un “traspatio” de la política global. Igual que en los agitados años 60 y 70 del siglo pasado el continente volvió a salir a la primera línea del interés de la sociedad. La “figura número uno” que se alza sobre el perturbado paisaje político de la región es el presidente venezolano Hugo Chávez, quien ha sabido demoler en breve lapso un sistema político y partidista que parecía ser consolidado, declara el carácter social de su política y aspira a la condición del líder regional (2). Venezuela, que ha proclamado el rumbo a la construcción del “socialismo del siglo XXI”, se ha convertido en polo de atracción de diversas corrientes de la oposición antisistémica. La materialización del proyecto bolivariano junto con el apoyo político-moral y económico a los partidos afines del continente constituyen hoy un factor nada despreciable de la actual política latinoamericana, en el contexto de la cual, igual que hace más de 40 años, han vuelto a cobrar fuerza las voces de quienes propugnan el ideario socialista.

Indudablemente, sobre la distribución de fuerzas en el continente han influido notablemente la figura del presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, su reputación de “presidente popular” y el carácter social de su política. La gobernación de Lula y Chávez que representan los segmentos radical y social-demócrata del ala izquierda, ha estimulado en muchos países la activación de la oposición y ha acarreado cambios del clima político general en el continente. Todo ello se ha producido en un ambiente de rápida agudización de los ánimos antinorteamericanos y extrema impopularidad de la política hegemonista de la administración de G. Bush en el ámbito internacional.

Subrayemos que, a diferencia de lo ocurrido en épocas anteriores, la propia activación de las fuerzas opositoras y la aparición de movimientos antisistémicos alternativos se han producido esta vez en condiciones de democracia electoral establecida en el continente. El ambiente de libertad civil y política ha proporcionado a los distintos segmentos de la sociedad civil la posibilidad de articular sus intereses vitales. El creciente potencial de los movimientos de oposición y antisistémicos, que más de una vez se había revelado en los períodos de crisis políticas, se ha concretado plenamente en la práctica de las campañas electorales.

Rumbo hacia la democracia

Pese a todas las deficiencias de la democracia latinoamericana, uno de sus mayores éxitos de los últimos 15 años es el carácter regular y transparente de procesos electorales. Las elecciones son ya un atributo inalienable de la vida política y el respeto a los procedimientos democráticos ha alcanzado la dimensión de norma general.

Según muestran los sondeos de opinión, la mayoría de los latinoamericanos (un promedio de 74% a escala de toda la región) prefieren la democracia como forma de gobierno. Así lo expresan el 89% de uruguayos y venezolanos, el 85% de los argentinos y el 80% de los costarricenses, mientras que los índices inferiores de aceptación corresponden a Perú (69%), México, Nicaragua y Guatemala (68%), Honduras y Ecuador (66%), El Salvador (60%) y Paraguay (54%) (3).

Durante el ciclo electoral de que venimos tratando, la parte de los ciudadanos que consideran que los procedimientos electorales son justos creció del 37% al 41%. Si en el año 2005 la mayoría de los encuestados (el 54%) estimaba probable la falsificación de los comicios, en 2006 este índice bajó hasta el 49% (4). Sin embargo, sólo en cinco países (Venezuela, Costa Rica, Panamá, Chile y Uruguay) la mayoría de población mostró fe en el carácter limpio y transparente de las elecciones; en los demás 13 países este sentimiento es compartido por menos del 50% de los encuestados. Es significativo que los índices más bajos de confianza se hayan registrado en Paraguay (20%), Ecuador (21%) y El Salvador (23%); y los más altos, en Uruguay (83%), Chile (69%) y Venezuela (56%) (5). Sin embargo, esta disparidad en la valoración de los procedimientos electorales no ha sido óbice para que en casi todos los países del área se alcanzaran altos índices de participación en los comicios (véase Cuadro 1).

Como puede apreciarse en el cuadro, los campeones en cuanto a participación en las últimas elecciones presidenciales (más del 80%) han sido cuatro países: Perú, Colombia, Brasil y Bolivia, mientras que en las elecciones anteriores tan alto porcentaje se había registrado sólo en tres países (Brasil, Chile y Perú). En nuestra opinión, el propio hecho de la disminución del absentismo electoral confirma una creciente confianza de la población en las instituciones y procedimientos electorales. Con todo eso, en varios países es todavía alto el porcentaje de personas que presuponen la posibilidad del fraude electoral. Por regla general, el mayor índice de absentismo se observa en las elecciones parlamentarias; así, en Venezuela, debido al boicot declarado por la oposición, éste superó el 40%.

Cuadro 1

Participación en los comicios presidenciales (1999-2006)

País             Participación           Participación

                  en elecciones         en las últimas

                  anteriores              elecciones

                 (en %)                  (en %)

 

Chile           89,94 (1999)         87,67 (2005)
México        64,0  (2000)          58,57 (2006)
Venezuela   56,5  (2000)          74,88 (2006)
Perú           82,28 (2001)         88,7  (2006)
Honduras    66,3  (2001)          55,08 (2005)
Nicaragua    79,42 (2001)         78,0  (2006)
Colombia     46,47 (2002)         45,04 (2006)
Brasil          82,26 (2002)          83,25 (2006)
Bolivia         72,1  (2002)          84,5  (2005)
Ecuador      64,98 (2002)         72,2  (2006)
Costa Rica   68,86 (2002)         65,2  (2006)

Fuente: Informe Latinobarómetro 2006. Santiago de Chile, 2006, p. 13.

 

No obstante, a pesar de las diferencias que siguen existiendo en las leyes electorales (existencia o ausencia de una segunda vuelta, diferencias en el porcentaje de votos necesarios para elegir al jefe del Estado), a pesar de la disparidad en el grado de participación de los ciudadanos en los comicios presidenciales, parlamentarios o municipales, podemos afirmar que la democracia electoral ha echado raíces en los países del continente, convirtiéndose en el megatrend de la política latinoamericana. En el cauce de este megatrend se inscriben diferentes corrientes que denotan las peculiaridades de la política a los niveles nacional, subregional y regional.

Para entender e interpretar los cambios operados en la política latinoamericana, analicemos el ciclo electoral de los años 2005-2006 (véase Cuadro 2). Pues en toda la historia de la transición democrática nunca ha habido un período tan saturado de procedimientos electorales. A título de comparación recordemos que en 1989 se celebraron comicios presidenciales en nueve países (Argentina, Bolivia, Brasil, Honduras, Panamá, Paraguay, Salvador, Uruguay y Chile), y en 1994 en siete (Brasil, Colombia, Costa Rica, México, Panamá, Salvador y Uruguay).

La saturación del calendario electoral de 2005-2006, a la par con la activación de movimientos sociales en varios países del área como nuevos actores políticos y de la oposición antisistémica han motivado especial interés por los temas electorales y la orientación política e ideológica de los nuevos líderes. Interés que se mantiene sobre el telón de fondo de la ya habitual constatación del “giro a la izquierda” y del agotamiento o, mejor dicho, el fracaso del modelo neoliberal.

Cuadro 2

Calendario de elecciones

País                  Fecha                              Tipo de elecciones
Honduras          27 de noviembre de 2005  Presidenciales,

                                                             parlamentarias,

                                                             municipales

 

Venezuela        14 de diciembre de 2005     Parlamentarios

 

Chile                11 de diciembre de 2005    Presidenciales (1ª  vuelta),

                                                             parlamentarias

 

Bolivia              18 de diciembre de 2005    Presidenciales,

                                                             parlamentarias

 

Chile                15 de enero de 2006        Presidenciales (2ª vuelta)

 

Costa Rica        5 de febrero de 2006        Presidenciales,

                                                            parlamentarias

 

Colombia          12 de marzo de 2006        Parlamentarias
                      28 de mayo de 2006         Presidenciales

 

Perú                9 de abril de 2006            Presidenciales (1ª  vuelta),

                                                            parlamentarias,
                      4 de junio de 2006            Presidenciales (2ª vuelta)

 

México            2 de julio de 2006              Presidenciales,

                                                            parlamentarias,

                                                            regionales,

                                                            municipales

Brasil              1 de octubre de 2006         Presidenciales (1ª  vuelta),

                                                            parlamentarias,

                                                            regionales

                    29 de octubre de 2006        Presidenciales (2ª vuelta)

 

Ecuador         15 de octubre de 2006        Presidenciales (1ª  vuelta),

                                                            parlamentarias
                    26 de noviembre de 2006    Presidenciales (2ª vuelta)

 

Nicaragua       5 de noviembre de 2006      Presidenciales,

                                                            parlamentarias,

                                                            municipales

 

Venezuela       3 de diciembre de 2006      Presidenciales

Fuente: Informe Latinobarómetro 2006. Santiago de Chile, 2006, p. 7.

 

Etapas del maratón electoral

La primera ola del ciclo electoral se formó a finales del año 2005, cuando se celebraron los comicios presidenciales y parlamentarios en Honduras, Chile y Bolivia. Las elecciones revelaron diferencias sustanciales en las preferencias del electorado. Por ejemplo, en Honduras, que comparte con Bolivia la triste fama de país más pobre de la región, fue elegido el líder del centro-derechista Partido Liberal, Manuel Zelaya, mientras que los partidarios de cambios radicales ni siquiera aparecieron en las listas electorales. Por lo visto, tal hecho evidencia que en el país sigue en vigor el apoyo masivo al sistema bipartidista y a la política del gobierno.

En Bolivia, la mayoría de los electores votaron por el líder del Movimiento al Socialismo (MAS) Evo Morales, quien se presentó con un programa de la renovación cardinal del Estado y de la sociedad, adepto de Fidel Castro y Hugo Chávez. Los resultados de las elecciones demostraron que el largo período de inestabilidad política y social, la activación del movimiento indígena y la radicalización de conciencia de las masas facilitan la victoria de las fuerzas opositoras que insisten en el cambio del modelo del desarrollo. Cabe recalcar que el camino novedoso elegido por la izquierda boliviana para acceder al poder, recurrido ampliamente a la táctica de desestabilización del gobierno mediante una vasta gama de acciones protestantes, de ningún modo excluía su participación en los procedimientos electorales. Dos años antes del triunfo de Evo Morales, los candidatos del MAS, de las organizaciones indígenas y diversos movimientos sociales obtuvieron una impresionante victoria en las elecciones municipales, a pesar de que una parte bastante considerable del electorado boliviano (el 18%) considera que la participación en los movimientos de protesta es un instrumento importante para cambiar la situación en el país (6). 

Son distintos los modelos de cultura política y forma de actuar que predominan en Chile. La mayoría de los encuestados (el 54%) considera imprescindible participar en las votaciones para cambiar el orden de cosas establecido, y sólo el 7% cree necesario participar en los movimientos de protesta (7). Los resultados de la primera vuelta de las elecciones chilenas confirmaron una vez más que la sociedad sigue confiando en la gobernante coalición Concertación, y en la segunda vuelta, celebrada el 15 de enero de 2006, ganó su líder Michelle Bachelet, con holgada ventaja sobre el candidato de centro-derecha Sebastián Piñeira. De este modo los chilenos prorrogaron una vez más el mandato de la coalición que está al poder desde 1990, asegurando la continuidad del curso social-demócrata en las condiciones de una economía de mercado. La mayoría del electorado rechazó al candidato de la nueva derecha, a pesar de que esta vez su plataforma era mucho más moderada que en las anteriores ocasiones. Tomando en consideración el largo período de permanencia en el poder de la Concertación, que combina los esfuerzos orientados a la modernización económica del país con una política social debidamente pensada y una diplomacia flexible, difícilmente quepa insertar categóricamente al Chile actual en el marco del “viraje a izquierda”. Se trata más bien de un caso de alto nivel de confianza de la sociedad en las instituciones del Estado y amplio apoyo a la política del gobierno en un país de democracia consolidada. Vemos, pues, que los resultados de las elecciones en los tres países mencionados no se atienen a una regularidad general, común a todos, sino que revelan divergencias en las orientaciones políticas: desde el centro-derecha hasta la izquierda radical.

Tras este “prólogo”, de conformidad con el calendario electoral se desplegaron las campañas electorales en Centroamérica, en la subregión andina y en América del Sur.

Los comicios presidenciales celebrados en febrero de 2006 en Costa Rica, el país de la democracia más antigua de la región, confirmaron la evidente senilidad del sistema bipartita, basado en el dominio del Partido Liberación Nacional (PLN) y del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC). Por sus candidatos hasta el año 1998 votaba el 98% del electorado. La brecha entre la sociedad y el dúo socialdemócratas-socialcristianos, que se perfiló en la década de los 90, lejos de cerrarse, ha venido creciendo desde inicios del siglo XXI, como lo confirman el incremento del ausentismo (del 18,9% en 1994 al 31,16% en 2002) y la disminución del apoyo electoral del PLN y PUSC (que sumaron en 2006 el 44% de los votos, frente al 69,6% registrado en 2002) (8). Según datos de los sociólogos costarriqueños Raventós Vorst y Ramírez Morales, en el período comprendido entre 2003 y 2006 la base electoral de ambos partidos en conjunto se contrajo casi a la mitad, mientras que la parte de costarriqueños sin preferencias políticas creció del 20,1% al 30,5%, lo cual indica de modo indirecto que la estructura política y partidista no corresponde a las esperanzas de una parte considerable de la sociedad. A la par con esto creció notablemente (de 5,5% al 16,5%) (9) el número de simpatizantes de nuevas formaciones políticas tales como el Partido Acción Civil (PAC), fundado por el oposicionista Ottón Solís, que criticaba la política social y económica del poder.

Todo ello no podía dejar de influir sobre la marcha de la campaña electoral y los resultados de los comicios, en los que con escasa ventaja venció el ex-presidente Oscar Arias, candidato del PLN. Su triunfo se debe no sólo al descrédito del gobernante partido PUSC a consecuencia de los escándalos de corrupción que salpicaron a sus líderes, sino que fue determinado por cambios sustanciales en la distribución de fuerzas políticas, y antes que nada, por la pretensión del PAC a desempeñar el rol de protagonista, capaz de realizar el programa de reformas en pro de la renovación del país. El mismo hecho de que las urnas colocaran en segundo lugar a O. Solís, que se autoposiciona como candidato de la oposición de izquierda, fue bastante significativo, evidenciando la creciente popularidad de personalidades que no estén relacionadas con el tándem tradicional de socialdemócratas y socialcristianos. Sin embargo, a pesar del creciente respaldo electoral obtenido por de Ottón Solís, a nuestro juicio, sería prematuro afirmar que el país más estable y democrático de la subregión centroamericana puede ser incluido entre los que han dado un viraje hacia la izquierda.

Los resultados de las campañas electorales celebradas en abril-mayo de 2006 en Perú y Colombia demostraron claramente que el así llamado “giro a la izquierda” no se ha convertido en una tendencia general que determine el porvenir de los estados latinoamericanos. A pesar del apoyo prestado a ambos candidatos de la oposición por el presidente Hugo Chávez, los electores peruanos y colombianos prefirieron mayoritariamente personajes políticos ya conocidos en vez de respaldar a los “outsiders”. En la segunda vuelta de elecciones peruanas el dirigente aprista y ex-presidente Alan García aventajó al líder neopopulista de la Unión por el Perú (UPP) Ollanta Humala, un ex-militar de carrera, que luego de destacarse en la violenta represión de “Sendero Luminoso” y promover más tarde una sublevación contra A. Fujimori, se ha convertido en fervoroso adepto del modelo bolivariano.

La clase política peruana calificó las declaraciones de Chávez en favor del candidato de la oposición como un acto de ingerencia en los asuntos internos del país. El ex-jefe del servicio de inteligencia peruano V. Montesinos, la “eminencia gris” del régimen de Fujimori, calificó a O. Humala de “producto de servicios de inteligencia cubano y venezolano”, que llevan a cabo una “guerra asimétrica” contra los EEUU (10). Mientras tanto, A. García supo jugar hábilmente la carta de la protección de la soberanía de Perú frente a las presiones exteriores, asegurándose así crecido apoyo electoral gracias a la atracción de los votos de centro-derecha que en la primera vuelta habían apoyado la candidatura de Lourdes Flores (11). Como se esperaba, O. Humala consiguió apoyo mayoritario en las regiones más pobres del país, mientras que la victoria de A. García fue asegurada por los votos del electorado capitalino y de las grandes ciudades. El retorno del líder aprista a la Casa de Pizarro no significa que el político “antisistémico” O. Humala no pueda volver a aparecer en el futuro entre quienes aspiren a la presidencia de la Nación. Pero logrará este mismo en el futuro ganar o no, va a depender en gran medida del grado en que la política de A. García responda a las necesidades y aspiraciones del electorado.

En Colombia, el índice de popularidad del presidente Álvaro Uribe se mantuvo alto, y a finales de su mandato la mayoría de los electores votó por su reelección, apreciando la eficiencia de la política de “seguridad democrática” y las medidas que facilitaron la disolución de las formaciones paramilitares. Además, el hecho de que a finales del año 2005 el presidente logró la aprobación de una enmienda a la Constitución que permite reeligir al jefe del estado, y puso en marcha varios programas sociales orientados a disminuir la pobreza y crear empleo, le garantizó el papel de claro favorito en la carrera electoral, frente a los candidatos de la oposición, representada por los tradicionales Partidos Liberal y Conservador, y al líder de la coalición de izquierda C. Gaviria, que contaba con el apoyo político de Caracas. La caída de confianza hacia los partidos como tales resultaba compensada de sobra por la atractiva imagen de un presidente que se había acreditado como un administrador eficiente cuyas palabras no se contradecían con los hechos. Ni siquiera la fama de político “pro-Washington” impidió su reelección.

Vemos, pues, que el primer semestre del año electoral concluyó sin que se hubieran registrado cambios notables en el panorama político de la región. El punto de inflexión en el desarrollo relativamente tranquilo de las campañas electorales lo marcaron los comicios en México, donde se promovieron como principales aspirantes a la jefatura del Estado el candidato del gobernante Partido Acción Nacional (PAN), de centro-derecha, Felipe Calderón Hinojosa, y el del Partido de la Revolución Democrática (PRD), de centro-izquierda, Andrés Manuel López Obrador. La aguda lucha preelectoral y la dramática sucesión de recuentos de votos, en medio de movilizaciones masivas de los partidarios del candidato de izquierda, finalizó con la proclamación de la victoria de Calderón, que aventajó a su adversario por menos del 1% de votos. Sin embargo, López Obrador no reconoció los resultados oficiales de la votación y llegó a formar un gobierno paralelo, frente a Calderón y su gabinete. Aunque López Obrador quedó en segundo lugar, el número de sus partidarios superó considerablemente el apoyo electoral brindado al candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI) –el tradicional partido de estatus–, lo que demuestra la creciente influencia de políticos que se proclaman integrados en el ala izquierda.

Al mismo tiempo, las elecciones en México pusieron de relieve una tendencia menos notable en otros países, aunque –a juzgar por todo – no por eso deja de ser una tendencia general, es decir que las preferencias de los electores dependen de la situación económica y social en una u otra región. En los polos del desarrollo –por ejemplo, en el norte de México–, los electores votaron mayoritariamente por políticos de signo derechista, mientras que en los estados atrasados de sur la mayoría votó a favor de representantes de la izquierda o la izquierda radical que propugnaban un modelo alternativo de desarrollo. El alto grado de polarización política en combinación con los desafíos sociales y el descrédito de los partidos de estatus determinaron el desplazamiento de las preferencias electorales de importantes sectores sociales hacia la izquierda. En la motivación de la conducta electoral de los mexicanos influyó la propagación de las formas de participación no-convencional (12) en la vida política: desde la firma de proclamas y la celebración de marchas y manifestaciones hasta las acciones de desobediencia organizadas por diversas uniones no gubernamentales y activistas de los nuevos movimientos sociales. También influyó en el estado de ánimo de los mexicanos la información divulgada por la prensa mexicana sobre los contactos entre A. López Obrador y Hugo Chávez, lo que reforzó la adhesión de la oposición de izquierda al candidato del PRD (13). Por otra parte, la reputación del chavista que se pegó a López Obrador por obra de la propaganda oficialista, indujo a una parte del electorado que no se simpatizaba con el gobernante del PAN a votar por F. Calderón, partiendo de que su elección garantizaba la continuidad del curso político. Los resultados de elecciones mexicanas, que han sido impugnados por López Obrador y sus partidarios, han puesto de manifiesto el creciente potencial de la oposición sistémica, la cual en varias cuestiones de tipo económico y social converge con la oposición extrasistémica, que propugna un cambio cardinal del modelo del desarrollo.

La fuerza e influencia reales de la izquierda gobernante fueron puestas a prueba en el marco de las elecciones en Brasil, donde a despecho de los pronósticos, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva no logró ser reelegido en la primera vuelta y tuvo que enfrentarse en la segunda a Gerardo Alckmin, de orientación centrista, que representaba los intereses del empresariado y de una parte de las capas medias. Los programas de ambos candidatos se caracterizaban por hacer hincapié en la orientación social de la política y la aceptación de las realidades de la economía de mercado. Las diferencias en las plataformas electorales eran insignificantes, por lo que la opción por que iban de decidirse los brasileños dependía más bien de cómo evaluaran la política del gobierno y lo que prevalecía en ella: aciertos o fallos. Indudablemente entre los factores que jugaban a favor del presidente estaban su carisma y su política real de orientación social.

Los resultados de la segunda vuelta que permitieron a Lula ser reelegido, confirmaron una tendencia que ya mencionamos más arriba: el apoyo electoral en las condiciones de polarización política y social depende en gran medida de la situación económica en un estado o región. En los estados desarrollados del sur la mayoría de los electores mostró preferencia por el moderado G. Alckmin, mientras que los pobres y cierta parte de las capas medias del noreste y del centro votaron por el líder del Partido dos Trabalhadores (PT), Lula. Los comicios mostraron que la imagen del “presidente popular” no había sido seriamente dañada ni siquiera por el escándalo de las corruptelas entre sus colaboradores más próximos, mientras que el combate a la pobreza le granjeaba simpatía en los sectores más amplios de la sociedad brasileña, incluida la capa media.

La campaña electoral en Ecuador casi coincidió en el tiempo con la brasileña: la primera vuelta de los comicios presidenciales, que determinó a los principales aspirantes, se celebró apenas dos semanas después que en Brasil. Sin embargo, en Ecuador la lucha preelectoral fue mucho más aguda, debido a la escisión de la clase política, el alto grado de diferenciación social y el hecho de que los rivales mantuvieran enfoques diametralmente opuestos. El multimillonario Álvaro Noboa, líder del populista Partido Renovador Institucional de Acción Nacional (PRIAN), de cuño derechista, que representa los intereses de los grupos financieros e industriales de la costa del Pacífico, se pronunciaba por la continuidad de la estrategia de modernización económica, corrigiéndola en el sentido de que se prestara mayor importancia a la solución de los problemas sociales. El economista Rafael Correa, al frente de una coalición formada a base del movimiento Alianza PAIS –recién creado por él– y el tándem de la vieja izquierda Partido Socialista – Frente Amplio (PS – FA), rechazaba el modelo antiguo y propugnaba un programa de transformaciones revolucionarias. Igual que en Perú y Colombia, el candidato de la oposición de izquierda era conocido por su amistad con Hugo Chávez, por sus declaraciones de apoyo al modelo bolivariano y por su rotundo rechazo al TLC con EEUU.

Si tenemos en cuenta que un elevado porcentaje de ecuatorianos no definieron su intención de voto hasta el último momento y el fuerte derrubio de la base social de los dos candidatos que perdieron la primera vuelta, podemos suponer que la victoria de R. Correa fue propiciada por el aflujo de votos de todos los electores disgustados por el dominio de los clanes oligárquicos en la vida política y económica del país. Los datos de encuestas sociológicas dan una idea acerca de las proporciones del malestar social. En Ecuador sólo el 14% de los interrogados estiman que la situación económica del país es “buena”, el 24% consideran que el problema principal es el desempleo y el 47% creen que la causa del desempleo es la política económica del Estado (14). Otra característica preocupante del estado del ánimo social es la evaluación muy baja que merece entre la ciudadanía la actividad de los partidos políticos y del Congreso. Sólo el 9% de encuestados la califica de positiva (15). Por lo tanto resulta lógico que en el programa de R. Correa se pusiera énfasis en una reforma política que priorizara la transformación de las instituciones existentes mediante la convocación de una Asamblea Constituyente.

Cabe mencionar una regularidad más de los recientes procesos electorales. El triunfo de los candidatos de izquierda en Ecuador, Bolivia y Brasil se debe no sólo a los votos de su electorado tradicional procedente de las capas más pobres, sino también al apoyo de electores de inspiración centrista de las capas medias. Tal circunstancia, a nuestro juicio, seguirá teniendo notable incidencia en los futuros cambios de la correlación de fuerzas políticas en estos países.

Distinto fue el cuadro de evolución de la situación política en Nicaragua, donde en la última década dominaron dos fuerzas: el Partido Liberal Constitucionalista (PLC), que agrupaba a los partidarios de la economía de mercado, de derecha y centro-derecha, y el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), que en el período postconflictivo se transformó en un partido del tipo parlamentario. Los acuerdos no formales de cogobierno se plasmaron en 1999 en un pacto concertado entre el presidente Arnoldo Alemán (1997-2001), liberal de derecha, y el líder sandinista y ex-presidente Daniel Ortega. En 2001, la colaboración de las élites antigua y nueva permitió la aprobación de una nueva ley electoral que dificultaba la inscripción en el registro de otros partidos y rebajó la norma de votos necesarios para ser elegido jefe de Estado. En vez del anterior 50%+1 voto, se estableció la norma de 40%, suficiente para ser proclamado presidente electo, o 35% a condición de aventajar en 5% al segundo candidato más votado. Por lo visto, los sandinistas, al empujar esta ley, tomaban en consideración el hecho de que en las elecciones de 1990, 1996 y 2001, el apoyo electoral a Daniel Ortega no había superado en ningún caso el 40% (16). En esos comicios las simpatías de la mayoría de nicaragüenses se inclinaron a favor de los liberales que prometían democratización y consenso nacional.

En los últimos dos años la situación política en el país centroamericano más pobre ha cambiado notablemente. Según diversas encuestas sociológicas, la mayoría aplastante de los nicaragüenses califica la situación económica de “muy mala”. Tan sólo el 6% la considera buena, mientras que para el 37% el problema del desempleo sigue siendo esencial, y el 57% cree que la política del Estado es causante de la falta empleo (17). Al disfrutar en plena medida de las libertades civiles y políticas, restablecidas en el país después de que el FSLN perdió el poder, la población de Nicaragua, según señala el politólogo guatemalteco E. Torres-Rivas, no parece entusiasmada por el sistema político bipartidista ni por la “democracia de baja intensidad” (18). Si en 1997 el 51% de nicaragüenses se mostraban satisfechos con el funcionamiento de la democracia, en 2006 esta proporción bajó hasta el 26% (19). El año de las elecciones menos de una cuarta parte (el 23%) de los encuestados aprobaban la política del gobierno y sólo el 15% confiaban en el gobierno (20).

Para el gobernante PLC el lanzamiento de la campaña electoral fue enturbiado por la escisión en las filas liberales. Expresando su protesta contra los hábitos caudillistas de su líder A. Alemán y contra la corrupción en los eslabones gobernantes, la nueva generación de políticos de corte democrático rompió con el partido gobernante y fundó la  Alianza Liberal de Nicaragua (ALN), presidida por Eduardo Montealegre, ex-canciller y ministro de Hacienda en el gabinete de Enrique Bolaños, quien contaba con el apoyo de la Internacional Liberal. Los liberales ortodoxos, por su parte, promovieron como candidato a José Rizo, una criatura de A. Alemán.

Tampoco pudo evitar la escisión el FSLN, cuyas filas abandonaron ya en 1996 los partidarios de la democratización interna del partido y del modelo socialdemócrata. El Movimiento Renovador Sandinista (MRS), formado por ellos, acudía a los comicios municipales y parlamentarios con candidaturas propias. El líder de los “renovadores”, Herty Lewites, se había granjeado popularidad como alcalde de Managua y muchos veían en él al futuro presidente del país, pero tras su repentina muerte en julio de 2006 las probabilidades de que el MRS pudiera intervenir como contrincante real en las elecciones presidenciales se tornaron mínimas. Al quedar privados de su líder carismático, los sandinistas disidentes promovieron para la presidencia de la Nación a un economista poco conocido en el país, Edmundo Harkín. De modo que, por primera vez en los últimos 16 años, en la carrera preelectoral participaron no dos, sino cuatro aspirantes – dos del lado sandinista y dos del bando liberal. Hubo incluso un quinto candidato, Edén Pastora, el legendario “Comandante Cero”, pero no contaba con significante apoyo electoral.

Igual que en los años anteriores, a los nicaragüenses les importaba mucho más la personalidad del candidato que su plataforma electoral. En el trasfondo de las declaraciones alarmistas de Washington sobre las consecuencias dramáticas de un eventual retorno de los sandinistas al poder (21), el carácter moderado de las declaraciones de D. Ortega inspiraba confianza en buena parte del electorado. El que acudiera a las tecnologías políticas modernas, sus frecuentes protestas de apego a las ideas de la reconciliación nacional y apelaciones a la juventud a compás de la música de los Beatles, jugaron su papel y le brindaron el aspirado desquite. Obtuvo el 38,08% de votos, con una ventaja de 9% sobre su principal rival, E. Montealegre (22). Otro factor que favoreció la victoria del líder del FSLN fue participación en los comicios de jóvenes electores, educados ya en la época pacífica y para quienes tanto las fechorías de los somocistas como los  arranques revolucionarios de los sandinistas son cosas de un pasado remoto. En los resultados de las elecciones influyó igualmente el desencanto con respecto a las reformas de cuño neoliberal y al funcionamiento de la democracia y el convencimiento de que la corrupción era un fenómeno muy extendido entre los políticos. Jugaron su papel dos buques cisterna que llegaron a Nicaragua cargados del petróleo venezolano barato en plena campaña electoral, cuando el país estaba sufriendo los efectos de una crisis energética. Los suministros de petróleo en condiciones privilegiadas se realizaron a base del convenio entre la Confederación de Municipalidades, controlada por los sandinistas, y la compañía petrolera estatal venezolana PDVSA. Tal muestra de solidaridad bolivariana, sin hablar ya del apoyo político y moral prestado por Hugo Chávez al candidato de izquierda, influyó indudablemente sobre la actitud de los electores.

Constatemos, pues, que en Nicaragua –igual que antes en Bolivia y Ecuador– sobre la elección del presidente influyó el “factor Chávez”. Sin embargo, el regreso al poder de uno de los líderes de la revolución sandinista del año 1979, en aquel entonces adversario acérrimo del imperialismo norteamericano y hoy día partidario de la economía de mercado, que reconoce el TLC con los EEUU y que aprobó para el puesto del vicepresidente al ex-líder de los “contras” Jaime Morales, difícilmente puede ser inscrito de forma unívoca en el contexto del “viraje a la izquierda”. Más bien sea una confirmación de las posibilidades de la democracia electoral y de la reconciliación nacional, y no una manifestación de cambio radical del rumbo político, tomando en consideración la larga experiencia de co-gobierno de los sandinistas y liberales. Así lo indica también la ausencia en las declaraciones de Ortega de toda alusión al socialismo. Sin embargo, se verá obligado a pagar las cuentas de ayuda patrocinal de Chávez, apoyando sus iniciativas políticas exteriores. En particular, ya es firmado un documento sobre la adhesión de Nicaragua a la llamada Alternativa Bolivariana para las Américas (ALBA).

Los comicios en Venezuela, cuyo resultado era previsible ha puesto un acorde final al ciclo electoral latinoamericano. Las encuestas indicaban claramente que el presidente de la república bolivariana contaba con el apoyo mayoritario de los venezolanos. A pesar de que las fuerzas dispersas de la oposición de derecha y centrista lograron unirse y presentar un candidato único, el ex-gobernador del estado Zulia Manuel Rosales, ni él mismo ni sus partidarios de los círculos empresariales y de las capas medias confiaban en que su candidatura podía triunfar. En el contexto del sistema edificado por Chávez, en que las estructuras coercitivas y el Consejo Electoral Nacional se hallan bajo control del gobierno, en el ambiente de la propaganda oficial masiva que pinta con los colores más vivos las ventajas de la democracia directa y de la política social bolivariana, la oposición contaba con espacio estrictamente limitado para el desarrollo de su campaña electoral. Es significativo que a diferencia de los demás países de la región, donde la mayoría de los encuestados considera que el poder pertenece al gobierno y al parlamento, el 44% de los venezolanos cree que los que tienen más poder son los militares (23).

Los resultados de las elecciones confirmaron que el líder de la república bolivariana contaba con el apoyo de las masas: por él votó el 62,8% del electorado (más de 7  millones), mientras que Rosales obtuvo el 36,9% (4,28 millones) (24). El régimen creado por Chávez garantizó la continuidad del poder, y los altos ingresos generados por el petróleo le brindan posibilidades sin precedente para que el clonare la experiencia bolivariana en los países del continente. La “era del socialismo” (25) prometida por el presidente después de su victoria en los comicios, las prioridades de su política interior, la permanente confrontación con los EEUU y su hiperactividad en la política internacional demuestran que Venezuela permanece en el flanco de extrema izquierda de la política latinoamericana.

Coordenadas distintas

Entre los nuevos factores que influyen sobre la marcha de los procesos electorales cabe destacar la aceleración de la socialización política de latinoamericanos y la consolidación de las formas no convencionales de participación política, incluyendo acciones no legítimas y no institucionales. Sería inadmisible menospreciar la influencia de estas últimas sobre la situación en el país y la actitud del electorado. Dichas acciones adquirieron formas más convincentes en Bolivia, Ecuador y México. En los primeros dos países tuvo lugar  la intensificación de las acciones de organizaciones indígenas, mientras que en el estado mexicano de Oaxaca las protestas no tuvieron connotaciones étnicas. Cabe notar que la conducta activa de las organizaciones indígenas y su incrementada capacidad de movilización no iban acompañadas de una tendencia de fuerte apoyo a sus candidatos en los comicios presidenciales. No sólo en Ecuador, sino también en Bolivia, donde fue elegido como presidente un indio, el apoyo a los candidatos de organizaciones étnicas fue mínimo.

Conviene mencionar una peculiaridad más de los procesos electorales. La victoria de la oposición radical que actúa con lemas revolucionarios, propugnando cambios cardinales, ha sido asegurada por la creación de amplias coaliciones con la participación de las capas medias y una parte del sector empresarial. Sin embargo, en adelante, como ha podido verse durante el primer año de gobierno de E. Morales, tales coaliciones tienden a desintegrase y los desilusionados “compañeros de viaje” de los radicales vuelven a las acciones de protesta. Por tanto, al evaluar la sostenibilidad de los nuevos gobiernos que protagonizan el “giro a la izquierda”, hay que tener presente que ésta va a depender de los cambios en la correlación de fuerzas a nivel nacional, así como de la envergadura del apoyo multifacético y los recursos de la “diplomacia petrolera” de Hugo Chávez.

El examen de las peculiaridades que han marcado el gran ciclo electoral de que venimos tratando en este artículo, permite sacar conclusiones y aventurar conjeturas acerca de los vectores de transformación política de los países de la región, que no se limita con la noción del “viraje a la izquierda”. A nuestro parecer, la escala lineal “izquierda – derecha – centro” es, en general, poco aplicable a los procesos impetuosos y dinámicos que se están desarrollando en el continente en esta época de globalización y revolución informática. Por lo visto, conviene introducir indicadores adicionales, que caractericen el predominio en la política gubernamental de elementos reformistas, conservadores, liberales o revolucionarios, así como el mantenimiento o restricción de las libertades políticas, es decir, añadir al eje horizontal “izquierda – derecha” otro vertical “autoritarismo – democracia”, introduciendo además la evaluación de la eficacia de la estrategia del gobierno desde el punto de vista del mantenimiento de la estabilidad.

La introducción de los índices de eficiencia permite explicar la longevidad del gobierno de la Concertación chilena, a la que suele incluir en el ala izquierda, así como los éxitos de la política estabilizadora de un estadista de cuño derechista como el gobernante colombiano A. Uribe. La determinación de los tipos predominantes de movilización política (desde arriba, como en Venezuela, o desde abajo, como ocurre en la mayoría de los países de la región), la evaluación del grado de cohesión de las élites y de división de los poderes también esclarecen en gran parte las perspectivas de cambios revolucionarios o evolucionistas. Por otra parte, no puede pasar por alto el hecho de que la mayoría de los estados de la región sigue el camino de desarrollo de la economía de mercado, y que tanto políticos de inspiración como los adictos al ideario conservador –según demuestra el análisis de programas de los candidatos a la presidencia— coinciden en la necesidad de inversiones en la esfera social y en el desarrollo del potencial humano.

Todo ello permite deducir que los políticos de la derecha tradicional abandonan las actitudes ortodoxas neoliberales desplazándose hacia la izquierda, es decir, con rumbo a la adaptación de la política de modernización económica a las exigencias de la sociedad y su corrección a través de reformas sociales. A su vez, los gobiernos que pueden ser incluidos en la categoría de izquierda moderada, guiándose por razones pragmáticas, se apartan del radicalismo y populismo preelectorales, camino a posiciones centristas.Así pues la frontera entre reformistas y conservadores se inscribe en el marco de la agenda social y se determina por la diferencia de los acentos que ponen unos y otros en el desarrollo de la esfera social.

Al mismo tiempo la tendencia a la convergencia de la izquierda y la derecha en el contexto de la globalización, no se extiende a los regímenes radicales de orientación socialista, propensos a la actuación revolucionaria. Las diferencias básicas entre los regímenes de orientación política extremista y la mayoría de los gobiernos de la región radica en la “estatización” de la economía, en los mecanismos de distribución de la ayuda estatal a los pobres, en la concentración del poder en manos de partido oficialista y en la movilización vertical de adeptos del régimen, apoyándose en las estructuras de fuerza. Tomando en consideración la actitud nacionalista y antiglobalista, propia al “sepulturero de neoliberalismo” Chávez y a su partidario más próximo Morales, podemos afirmar que la frontera que separa a los radicales revolucionarios y los reformistas, atraviesa distintas coordenadas. Se diferencian sustancialmente los métodos de realización de la política: autoritarios y de confrontación, en el caso de los radicales; democráticos, basados en el diálogo con la oposición  y las búsquedas del consenso nacional, en el de los reformistas y los gobiernos conservadores moderados. Mayores aún son las diferencias en sus posturas con respecto a los problemas internacionales, la elección del modelo de integración y, lo que es básico, en su enfoque en las relaciones con los EEUU.

Estas deducciones están comprobadas parcialmente con los datos de encuestas sociológicas, concernientes a la actitud del pueblo hacia personalidades políticas latinoamericanas, que representan distintas variantes de la transformación política, en comparación con las evaluaciones de los presidentes de los EEUU y de Cuba (véase Cuadro 3).

Señalemos que los índices promedio para la región contrastan notablemente con las evaluaciones hechas en distintos países. Así, el rating de Bush se caracteriza por una fuerte disparidad, alcanzando 7 puntos en Panamá, mientras que en Argentina y Uruguay es inferior a los 3, y en Chile, Brasil y Venezuela, se sitúa por debajo de los 4 (en una escala de calificación de 10 puntos). Son aún más pronunciadas las diferencias en la aceptación positiva de jefes de estados, comparando los ratings de Castro, Lula y Chávez en los países de la región (vea tabla 4).

Los datos mencionados demuestran que los líderes reconocidos de regímenes autoritarios pierden notablemente en popularidad en comparación con el presidente brasileño, cuya adhesión a la economía de mercado y los principios democráticos se combinan exitosamente con la orientación social de su política. En los países de democracia consolidada (Chile, Costa Rica) es donde se registraron los ratings más bajos de Castro y Chávez.

El último ciclo electoral demuestra con toda evidencia la existencia de distintas opciones del cambio de poder. En cinco estados de nivel económico más alto, funcionó el modelo de continuidad. La reelección de los presidentes de Colombia, Brasil y Venezuela se debe a sus altos índices de popularidad y el elevado nivel de confianza en la política del gobierno. En Chile la continuidad del poder ha sido asegurada por la victoria de la candidata de la coalición gobernante, mientras que en México al gobierno le costó mucho imponer a su candidato, aunque el precio político de la victoria de Calderón resultó bastante alto, tomando en consideración los crecientes riesgos de desestabilización a consecuencia de acciones no convencionales de la oposición de izquierda. Así que en el marco de este modelo se advierten diferencias sustanciales en el apoyo electoral de que gozan los líderes políticos y su orientación: desde el conservatismo moderado y hasta el revolucionarismo radical.

Cuadro 3

Imagen de los líderes

 

Presidentes                  Evaluaciones positivas

                                 (escala de 10 puntos)
Luiz Inácio Lula da Silva       5,8
Michelle Bachelet               5,6
Álvaro Uribe                      5,5
Néstor Kirchner                 5,0
Evo Morales                      5,0
Tabaré Vázquez                5,0
Hugo Chávez                    4,6
George Bush                    4,6
Alan García                       4,5
Fidel Castro                      4,4

Fuente: Latinobarómetro 2006, p. 89

 

Cuadro 4

Imagen de líderes por países

 

País              Rating de        Rating        Rating

                   F. Castro         de Lula      de Chávez

Venezuela        60                 61             66
Paraguay          44                 38             35
Honduras         36                 28             25
Argentina        33                 32              38
Ecuador           32                 29             30
Brasil                28                56              17
Nicaragua         28                39               31
Uruguay           28                31               32
Bolivia              27                30               25
Guatemala        27                31               25
México             22               40               13
Colombia          21                31              21
Salvador          21                28               23
Perú               21                50               13
Panamá          13                 35               22
Chile               11                12                8
Costa Rica        8                  32              11

Fuente: Latinobarómetro 2006, p. 91-93

 

Otra opción está representada por un grupo de países en los que el poder pasó a manos de la oposición parlamentaria de orientación reformista. En Costa-Rica, Perú y Nicaragua volvieron a la jefatura del Estado ex-presidentes, lo que por una parte pone de manifiesto el descrédito del partido gobernante, y por otra, revela la inercia del tradicionalismo en el seno de la clase política. En Honduras, el presidente conservador del Partido Nacional fue reemplazado sin fuertes conmociones por el representante del Partido Liberal, el segundo partido de estatus.

Por fin; en los inestables Bolivia y Ecuador, con su electorado fragmentado, fueron elegidos líderes de corte neopopulista, que convirtieron el potencial del malestar de masas y las reivindicaciones de diversos movimientos sociales en programas de transformación radical. A Morales y Correa les acercan la fraseología revolucionaria, su retórica antiglobalista y su simpatía manifiesta por Chávez. Sin embargo, el parentesco de los dos líderes no va más allá. Las contradicciones sociales y etnopolíticas en el seno de la sociedad boliviana impulsan al gobierno, que ya concertó una alianza estratégica con La Habana y Caracas, a realizar transformaciones revolucionarias y agudizar los conflictos tanto con la oposición de centro-derecha, que se pronuncia por las prioridades de modernización y competitividad económicas del país, como con recientes aliados de organizaciones no gubernamentales y los sindicatos. La contra-elite creada por el MAS que ha llegado al poder carece de experiencia de administración. Es muy rígida en el diálogo, le cuesta negociar acuerdos de compromiso, está orientada a la confrontación, lo que acarrea crisis políticas y conmociones sociales. Por lo que se refiere al presidente ecuatoriano R. Correa, tomando en consideración la debilidad organizativa de la coalición que lo encumbró en el poder y la falta de  mayoría progubernamental en el parlamento, de momento es muy escasa la probabilidad de que pueda llevar a cabo los cambios revolucionarios prometidos.

Vemos, pues, que los resultados del ciclo electoral confirman la polivariabilidad de los procesos políticos en curso en el continente en las condiciones de democracia electoral y el fortalecimiento del papel de los nuevos movimientos sociales. En la palestra política de la región los regímenes de izquierda radical que han puesto rumbo a un modelo alternativo del desarrollo coexisten con los de orientación socialdemócrata y regímenes centristas que están superando la inercia del conservatismo social, presionados por las reivindicaciones de la oposición y el peligro de radicalización de los movimientos sociales.

 

Notes
1. Vea: Латинская Америка ХХ века. Социальная антропология бедности. М., 2006, гл. V.
2. Para más detalle véase: Э. С. Дабагян. Социализм по-венесуэльски. – Свободная мысль. 2006, № 2, с. 139-154.
3. Informe Latinobarómetro 2006. Santiago de Chile, 2006, p. 64.
4. Op. cit., p. 16
5. Op. cit., p. 18
6. Op. cit., p. 22
7. Op. cit., p. 22, 21
8. C. Raventós Vorst, M. Ramírez Moráles. Transición política y electoral en Costa Rica. – XII encuentro de latinoamericanistas españoles . Santander, 2006, 21-23 de septiembre, p. 885, 887.
9. Op. cit., p. 899
10. The Miami Herald, 30.V.2006.
11. E. López. Se derrumba el proyecto nacionalista de Ollanta Humala. – The Miami Herald, 14.VI.2006. 
12. F. Somuano Ventura. Nuevas formas de participación política en América Latina: evolución y perspectivas.- XII encuentro de latinoamericanistas españoles, p. 835-843.
13. R. de la Peña. Los motivos del voto en México. - XII encuentro de latinoamericanistas españoles, p. 835 -843.
14. Informe Latinobarómetro 2006, p. 34, 41, 44.
15. Op. cit., p. 80.
16. Partidos políticos de América Latina. Centroamérica, México y República Dominicana. México, 2003, p. 490.
17. Op.cit., p. 34, 37, 44.
18. E.Torres-Rivas. The Paths to Political Democracy in Central America. – A Challenge for Democracy. Political Parties in Central America, Panama and the Dominican Republic. New York, 2005, p. 156.
19. Informe Latinobarómetro 2006, p. 74.
20. Op. cit., p. 76.
21. Elecciones 2006. Nicaragua elige. – www.elnuevodiario.com.ni/; The Washington Post. 30.X.2006.
22. La Prensa. Managua, 12.XI.2006.
23. Informe Latinobarómetro 2006, p. 78.
24. www.cnt.gov.ve/
25. El Nacional. Caracas, 4.I.2007; www.voltaire.net.org/