Vladímir Súdarev
Doctor Titular (Politología),
Subdirector del ILA

ESTADOS UNIDOS Y “LA VUELTA A LA IZQUIERDA” EN AMERICA LATINA

El viaje de G. Bush a los países de América Latina en marzo de 2007 fue un importante acontecimiento para la vida de esta región que por largo tiempo no había contado con la atención de los presidentes norteamericanos. Recordaríamos que el último viaje al sur del continente fue llevado a cabo por Clinton en 1997. Entonces no se hablaba de “ninguna deriva a la izquierda”. Washington estaba seriamente preocupado por la posición debilitada de Estados Unidos en la región, lo que en cierta forma quedó de manifiesto con la superación (por vez primera después del término de la Segunda Guerra mundial) de las inversiones europeas occidentales sobre las norteamericanas así como el desarrollo bastante exitoso del mercado común sudamericano (Mercosur). Esta unión apareció en la arena de la política grande, y en la “lucha por las vías” de los proyectos integracionistas continentales podría convertirse en una seria competencia para el ALCA americano.

En esa ocasión el presidente de Estados Unidos visitó en seis días, Brasil, Uruguay, Colombia, Guatemala y México. ¿Qué fue lo que provocó este tan inesperado y amplio viaje? ¿Qué le antecedió? ¿Cuáles fueron sus verdaderas causas y resultados? Intentaremos responder por orden a estas preguntas.

Bajo el fuego de la crítica democrata

El triunfo de los demócratas, en las elecciones del Congreso de los EEUU en noviembre de 2006,  que le otorgó el control de una fila de comités clave de la política exterior, significativamente agravó la discusión no solamente sobre la guerra en Irak. Una dura crítica sufrió también la política latinoamericana de la administración de G. Bush, mejor dicho la ausencia de la misma. Los republicanos fueron acusados de lo siguiente.

En primer lugar, ellos permitieron el “giro a la izquierda” en América Latina, dónde un grupo completo de países, casi al mismo tiempo, otorga el poder a representantes políticos de orientación de izquierda. Más aún, la administración fue acusada de que con su política inepta y de poco alcance ella misma provocó la aparición de un fenómeno tal como Hugo Chávez. Recordamos que en este aspecto, a excepción de Cuba ningún otro régimen político en América Latina no sólo transformó el antinorteamericanismo como principal consigna de su política exterior, sino también como política practica, objetando a Estados Unidos en todo el complejo de cuestionamientos de política mundial.

En segundo lugar, la administración tenía falsas prioridades geopolíticas y en lugar de favorecer relaciones de alianza con dos gigantes sudamericanos – Brasil y Argentina, se enfrascó en la elaboración de acuerdos de libre comercio con países pequeños a fin de crear una cierta impresión de la realización del proyecto ALCA. La idea de “rodearse” de estos líderes regionales de zonas de comercio libre no solamente resultó poco productiva sino que aumentó en ellas el sentimiento antinorteamericano.

En tercero, no teniendo una estrategia precisa “en la guerra contra los narcóticos”, el gobierno de G. Bush, sin embargo se las ingenió para invertir más de 5 mil millones de dólares, en una sola Colombia sin un resultado palpable.

Así, pese a las periódicas declaraciones victoriosas del Comando Sur de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos en Miami así como del gobierno de A. Uribe sobre la reducción de las zonas ocupadas por plantaciones de coca y marihuana y la captura de importantes cargas del mortal producto, en los últimos siete años el tráfico de drogas no solo no se redujo sino que según datos de la Comisión de la OEA para la lucha contra la venta ilegal de narcóticos, publicada en junio de 2005, aumentó hasta cuatro veces más (1).

Además en el vecino México, pese a la clara intensificación de los programas de colaboración de la lucha contra los narcocarteles, algunos que se creían ya desvanecidos, tales como el cartel de “Sinaloa” y “Juárez”, no solamente volvieron a surgir en las declaraciones de operaciones conjuntas en México y en el extranjero, sino que éstos trasladaron sus acciones a las regiones sureñas del país, entre ellas Yucatán, aterrorizando a la población civil. El presidente de México F. Calderón hasta se vio obligado a enviar fuerzas militares a la zona.

En cuarto lugar, en relación con Cuba, los republicanos desde el 2002 tomaron como armas, la táctica de los demócratas que en esta política tradicionalmente fijan sus apuestas en la defensa de los derechos humanos y la democratización. Sin embargo como resultado sólo lograron la provocación del poder de Cuba a una nueva, una de las más fuertes olas de represión. La administración de Estados Unidos no solamente no supo utilizar hábilmente la situación de aislamiento mundial del régimen de F. Castro, sino colocándose de nuevo en el camino de un aumento del bloqueo económico y reducción violenta de los contactos humanitarios, todavía limitó más las posibilidades de una paulatina liberalización en la Isla, lo que en opinión de los demócratas, en principio es erróneo.

En seguida resaltamos que la crítica de parte de los demócratas en mucho justa, tenía un evidente carácter preelectoral. Los nuevos líderes del Congreso de facto no propusieron ningún tipo de soluciones alternativas. Ellos sólo aumentaron las notas alarmistas, que ya de por sí se oían cada vez con más frecuencia en el Departamento de Estado y en la Casa Blanca, entre ellas las relacionadas, con el apoyo de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), al renacimiento de los movimientos  guerrilleros de izquierda en Perú (2).

No menos preocupación inspira en el Capitolio, la disposición de los “regímenes de izquierda” de la compra de armas en grandes volúmenes del concurrente número uno de los Estados Unidos en los mercados mundiales – Rusia. Recordamos que, según evaluaciones de expertos del Instituto internacional de Estocolmo de investigaciones sobre problemas mundiales, a mediados del primer decenio del siglo XXI, Rusia se colocó en el segundo lugar en exportaciones de armas a nivel mundial, controlando cerca del 30% del mercado internacional. En esta relación, analistas norteamericanos, destacan en primer lugar importantes transacciones de Venezuela para la compra de armas de alta tecnología de Rusia y que Estados Unidos evalúa en US$ 3 mil millones. En octubre de 2006, tras la visita a Moscú del ministro de defensa argentino N. Gare, se supo sobre planes de Argentina por adquirir tecnología militar rusa. Sobre la intención de la compra de 30 helicópteros militares de carga por un valor de 400 millones de dólares, fue dada a conocer por el ministro de relaciones exteriores de Brasil C. Amorim, durante la visita de su homólogo ruso C. Lavrov a Brasil en diciembre de 2006.

Las acusaciones a la administración de G. Bush, de que ella “dejo perder” a Latinoamérica, enfrascada en la guerra en Afganistán, luego Irak, así como la búsqueda de un nicho geopolítico en el espacio postsoviético y la creación del Escudo Antimisiles de Defensa en Europa del Este, se justifican solo en parte. Ya que el “giro a la izquierda” en la región, que los republicanos notaron con retardo, tenía un carácter totalmente objetivo y difícilmente ellos hubieran podido contraponerle algo real.

Las reformas neoliberales y toda una serie de casos de seguimiento “escolariego” del consenso de Washington, provocó en la mayoría de los países de la región una violenta estratificación social, empeoramiento de la posición material de la parte de la población más amplia. En las audiencias ordinarias de finales de marzo, del Subcomité para asuntos del hemisferio Occidental, la presidenta del Centro norteamericano del desarrollo global, N. Bedsell, subrayó que el número de pobres en América Latina (cuyos ingresos diarios no superan los 2 dólares) en diez años de reformas había alcanzado la “traumante” cifra de 200 millones de personas (3). En su informe anual, esto mismo, lo reconocía la Comisión Económica de la ONU para América Latina y el Caribe (CEPAL).

De esta forma, el terreno para el crecimiento de un electorado protestante estaba objetivamente preparado. Este electorado jugó un papel decisivo en el cambio de la élite en el poder y la llegada al primer plano de representantes políticos, que basaron sus programas preelectorales en la negación de las “inhumanas” reformas de mercado, libre comercio, llamando a la construcción de un estado de orientación social.

¿Nueva variante de la "política de bajo perfil"?

La administración de G. Bush ni por asomo, comprendió enseguida lo que sucedió en América latina. Como por inercia ocupada en el proyecto del ALCA, ella “desaprovechó” ese mecanismo de freno, que se sumó y comenzó a trabajar en toda su potencia en la etapa final en noviembre de 2002, cuando dos vicepresidentes -de Estados Unidos y Brasil- encabezaron el proceso de negociaciones. G. Bush que “torció los brazos” al Congreso recibiendo con ello el poder deseado para el apresuramiento de las negociaciones para la firma de los convenios de comercio libre con los países latinoamericanos, creyó que el “asunto estaba acabado”, más aún si se tiene en cuenta que estos acuerdos, fueron primero firmados con Chile, después con la “quinteta” centroamericana y la República Dominicana. En turno quedaban las naciones del grupo andino – Perú, Colombia y Ecuador.

Los problemas surgidos con el régimen de Hugo Chávez, en aquel momento no fueron considerados como principales y en opinión de analistas americanos no han entrado aún en una “fase crítica”. Sin embargo la realidad resultó todavía más grave y por reconocimiento del mismo Departamento de Estado “enredosa”. La reacción de los Estados Unidos ante el intento de golpe militar en Venezuela en abril de 2002 (recordamos que Washington de facto reconoció a la junta militar insurrecta) demostró no solamente la naturaleza tradicional de los republicanos de su ambición de guiarse por un beneficio político sino también la ausencia de una idea de cual podría ser la reacción de otros gobiernos de la región sobre el hecho mismo del golpe de Estado. Esto colocó a Washington en una posición no muy cómoda, especialmente cuando el Grupo de Río decididamente se manifestó por el respeto de la Carta de la Democracia, firmada en septiembre de 2001 en la sección de la Asamblea General de la OEA, que prevé sanciones contra los gobiernos que violen el orden constitucional.

En conjunto, al comienzo de la primera década del siglo XXI, se creó la impresión de que la Casa Blanca simplemente no sabía, como comportarse con el régimen de Hugo Chávez. Por un lado, Chávez cada vez con más frecuencia hace ataques directos a los Estados Unidos, haciendo uso del antinorteamericanismo como medio de movilización social y amenazando en forma periódica a Washington de suspenderle el abastecimiento de petróleo, por otro lado – ininterrumpidamente, hasta en las condiciones de huelga general nacional a finales de 2002 - principios de 2003, abasteció de petróleo al mercado norteamericano, sin dejar de cumplir ni una sola vez con sus obligaciones. Además, cuando tuvo lugar la huelga petrolera en 2004 en el vecino Ecuador, Venezuela aumentando sus entregas ayudó a esta nación para que no violara sus obligaciones ante los Estados Unidos.

La administración de G. Bush optó, y con ello mucho recordó a la administración de R. Nixón a comienzos de los 70 del siglo pasado, ante las condiciones de una ola de izquierda nacionalista en la región, por una política "de bajo perfil" para adaptarse de alguna manera a la situación dada, a momentos aceptando compromisos, que hasta hace pocos años hubieran sido difícil de imaginar. ¿Quién de los especialistas de principios de esta década hubiera podido suponer, que Washington abiertamente apostaría por el presidente brasilero “antiglobalista”  Ignacio Lula da Silva  (en adelante Lula), especialmente si se recuerda la atmósfera de claro alarmismo que reinaba en los círculos de poder de los Estados Unidos ante la perspectiva de la victoria de Lula en las elecciones presidenciales de 2002? Sin embargo, después de algunos años Washington consideraba a Lula como el mejor “interlocutor”, el cual puede ejercer una influencia contenedora en los líderes aún más radicales como Hugo Chávez o Evo Morales.

Junto con esto, resultaría un error afirmar que los “centros cerebrales” de los Estados Unidos en general no examinaron un “giro a la izquierda” como posible escenario del desarrollo de los acontecimientos suscitados en la región. Recordamos que en este sentido solamente el informe “Los Andes – 2020” preparado en su totalidad por el conservador Consejo neoyorquino de relaciones internacionales, caracterizó la situación en la región como altamente peligrosa y explosiva (4).

El Comando Sur también se preparaba para “el giro a la izquierda”

Muy difundida es la opinión, de que los acontecimientos del 11 de septiembre de 2001 incrementó seriamente el contenido militar de la política de Estados Unidos en todas direcciones, entre ellas y en América Latina. Sin embargo la militarización de la política de Washington en el Hemisferio Occidental comenzó antes, desde la mitad de los años 90 y permaneció como a la sombra de las negociaciones del ALCA. Testimonio de ello fueron tanto los que  se percataron de los cambios en el proceso mismo “policy making”, así como la relación cambiante de recursos, que anualmente se otorgan para impulsar los proyectos económico-sociales y militares en la región.

Precisamente en los años 90, cuando se creyó que en América Latina habían sido apagados todos los focos de conflicto (a excepción de Colombia) y la interacción interamericana tomó formas exclusivamente pacíficas, ocurrió un aumento significativo del rol del Pentágono en la definición de las prioridades políticas en la región. En primer lugar, esto quedó reflejado en la pérdida por el Departamento de Estado, de sus poderes en la distribución de la ayuda militar norteamericana, que le pertenecía de acuerdo a la Ley  de política exterior de 1961. Recordamos, que bajo esta ley, la ayuda militar condicionaba a los gobiernos-receptores a cumplir concretas exigencias en la esfera de derechos humanos y normas democráticas y esto lo tenía que fijar el Departamento de Estado.

Era evidente, que en sus presentaciones ante el Congreso de los Estados Unidos sobre las asignaciones de la ayuda militar, el Departamento de Estado a lo largo de varias décadas se orientó no tanto en el cumplimiento de estas condiciones sino más bien por una utilidad política. Y es indudable que la causa formal del traspaso de las funciones de distribución a las alas del Pentágono, fue la relativa estabilización en América Latina de los regímenes de la democracia representativa y que evitó la necesidad de un monitoreo del cumplimiento de los derechos humanos y los procedimientos democráticos. Sin embargo, como lo señala el investigador norteamericano A. Isacson del Centro de Washington de política mundial, el otorgamiento de estos poderes al Pentágono disminuyó visiblemente la transparencia en esta cuestión, permitiendo al departamento militar “cerrar” la ayuda militar real bajo diferentes grifos secretos (5).

Llama la atención y la correlación del número de colaboradores de nómina del Departamento de Estado y el Pentágono, que trabajan para América Latina. En el departamento de política exterior –en suma 400 personas. En la sede del Comando Sur, cuya zona de responsabilidad abarca América Latina y el Caribe, sirven 800 militares y 325 civiles. Además de esto en los objetivos militares de los Estados Unidos en la región sirven: en Puerto Rico, en la ciudad Bravo (Honduras) -500 militares y 1390 mercenarios voluntarios; en Colombia -400 militares y 400 especialistas civiles; en los agregados militares de las embajadas norteamericanas -107 personas. A reserva de esto, los militares norteamericanos se instalaron en las bases aéreas caza-narcóticos en Ecuador, el Salvador, y en las Antillas Holandesas. A través de Latinoamérica anualmente por tiempos definidos “pasaron” en suma más de 50 mil militares norteamericanos (6).

Ocurrieron cambios estructurales en la misma administración militar de los Estados Unidos. En 1999 la Oficina de relaciones interamericanas fue trasladada del Buró de asuntos de seguridad internacional, donde era vecina de subdivisiones para África, Cercano Oriente, Asia y Europa, a otro Buró de "Operaciones especiales y conflictos de baja intensidad". América Latina se convirtió en la única región que figuró en la misma como ente independiente.

En forma notoria cambió la correlación de ayuda económica y militar de Estados Unidos para los países de la región. Si en 1997, la primera superó a la segunda más de dos veces, en la demanda del 2005, la correlación entre ellas prácticamente se igualó: US$ 921 millones – la económica;US$ 859,7 millones – la militar.

El que precisamente los militares tendrían que ser el principal objeto de la política latinoamericana de Estados Unidos en el periodo siguiente y las relaciones de socios tenían que alinearse precisamente a ellos, pareció confirmarse con los acontecimientos ocurridos en Venezuela y Ecuador, dónde con el apoyo militar se afianzaron en el poder líderes nacionalistas de “la nueva ola” – Hugo Chávez y L. Gutiérrez (aunque este último fue presidente por muy poco – del 2002 al 2005). En otras palabras, mucho de lo ocurrido recordaba a los acontecimientos de 40 años antes. Recordamos que durante el periodo de la administración de L. Jhonson (1963-1968) Washington abiertamente apostó a los militares, los que tenían que garantizar la estabilidad política y reformas “manejables”. En qué terminó todo esto – bien conocido es por todos. La ola de golpes militares por 15 años cubrió de hecho a América Latina.

Los acontecimientos del 11 de septiembre de 2001 ayudaron a adelantar el factor antiterrorista a la existente y ya iniciada “militarización” de la política latinoamericana de los Estados Unidos. Se trataba no sólo y no tanto del inicio de la lucha contra cuatro formaciones militares (FARC, ELN, AUC en Colombia y MRTA en Perú), las cuales ya en 1999 fueron incluidas por el Departamento de Estado en la lista de las organizaciones terroristas internacionales.

En la renovada Estrategia de seguridad nacional de septiembre de 2002 fueron presentadas tres principales amenazas mundiales para los Estados Unidos: la red global de terrorismo internacional, difusión de armas de exterminio en masa y las catástrofes sufridas por los estados (“failing states”) que perdieron el control de sus propios territorios. América Latina fue “acantonada” en un contexto de la tercera y en parte primera de las amenazas.  El jefe del Pentágono D. Rumsfeld en su intervención en la reunión de ministros de defensa de los países del Hemisferio Occidental llevada a cabo en Santiago en septiembre de 2002, subrayó en especial “cuando los terroristas desalojan los lugares habituales, como hubo en Afganistán ellos frecuentemente encuentran refugio en las regiones sin control del mundo. En este hemisferio, los narcoterroristas, que se dedican a la toma de rehenes y contrabando de armas, operan en regiones que no son controladas por los gobiernos (7). Bajo esta definición resultaron en primer lugar Colombia, así como regiones de baja población de Bolivia, Perú y la región de las “tres fronteras” - Argentina, Brasil y Paraguay.

En otras palabras, la principal amenaza de seguridad de los Estados Unidos, proveniente del Hemisferio Occidental, según el Pentágono, la representaba la incapacidad de los gobiernos latinoamericanos de controlar los territorios de sus propios países. Por eso la tarea principal de los Estados Unidos, radicaba, en la ayuda para el establecimiento de una “efectiva soberanía” sobre los territorios sin control. Junto a ello, su principal remitente no eran las estructuras civiles sino las militares. Así, por ejemplo, en la interpelación presentada en el Congreso sobre la asignación en 2005 de medios para la formación en el ejército de Bolivia de la subdivisión antiterrorista se advirtió: “Para no permitir que Bolivia se convierta en un conductor del terrorismo mundial, nosotros ajustamos una colaboración con los militares bolivianos…para el mejoramiento del control de las largas y poco pobladas fronteras de este país” (8).

Ante semejante planteamiento de la cuestión todo parecía totalmente lógico. Quedaba abierta solo una pregunta: ¿quién y de qué manera fijaba los criterios de gobernabilidad de los territorios nacionales? Era completamente claro que, dentro del marco de la política de “la guerra global contra el terror” llevada a cabo por Washington, podrían caer bajo esta definición fenómenos de la vida sociopolíticos no relacionados de ninguna manera con el terrorismo. Se trataba en primer lugar de los cada vez más fuertes movimientos radicales indígenas en la subregión andina y en especial en la misma Bolivia. Hay razones para considerar que los Estados Unidos estaban dispuestos a aceptar tal enfoque y preparaban en este sentido a los militares latinoamericanos. Prueba de ello, fue la primera reunión, después de los acontecimientos del 11 de septiembre de 2001, del Consejo Interamericano de defensa (CID), el 20 de septiembre, que estudió el escenario del surgimiento de conflictos étnicos confesionales en la región y sublevación de la población indígena desde México y hasta la Tierra de Fuego, fueron relacionados con los nuevos retos de seguridad.

El general J. Hill, jefe del Comando Sur que de agosto de 2002 a julio de 2004, estuvo 78 veces en América Latina, en su intervención en el Congreso a principios de 2004, resaltó, que el número de las crecientes amenazas en la región superaba significativamente los de carácter puramente militar y que entre las más importantes figuraba “el populismo radical”. Ante la objeción de que esencialmente este problema exigía una solución política y no militar, el general respondió que el Comando Sur – “principal perro guardián” defendía los intereses de Estados Unidos en América Latina y que sobre esta base tenía la obligación de repeler cualquier amenaza. Junto a ello, el Comando Sur no pocos esfuerzos había ocupado en la formación de una imagen propia positiva entre la población local de los países latinoamericanos.

Con este objetivo habían sido dirigidos programas especiales humanitarios y de ayuda civil. Al comienzo del siglo XXI, las tropas norteamericanas construyeron 98 unidades de infraestructura social y ayuda médica en 19 países de la región.

Junto a lo anterior, se dio especial atención a programas de instrucción para los militares latinoamericanos. Desde 1999 y hasta 2003, el número de militares latinoamericanos, capacitados por instructores americanos, aumentaron casi al doble, pasando de 13 mil personas a 23 mil (9). América Latina ocupa férreamente el primer lugar entre las regiones del mundo fuera de la OTAN, en cuanto al volumen de medios recibidos de parte de Estados Unidos para programas de capacitación militar (42%).

Sin embargo, decir que la cooperación interamericana político - militar entró en una nueva fase sería claramente prematuro. El asunto en cuanto a este caso, no sólo se trataba del rechazo por parte de varios países de otorgar su territorio y espacio aéreo para las operaciones llevadas a cabo por las fuerzas militares de Estados Unidos. Al respecto en especial sobresale Venezuela. El régimen de Hugo Chávez, en el marco de su curso opositor a Estados Unidos en la mayoría de los asuntos de política mundial en el año 2000 prohibió la utilización de su espacio aéreo por parte de los aviones americanos para patrullar a las regiones fronterizas de Colombia. En septiembre de 2001, el ministro de defensa V. Rangel declaró que el acuerdo de colaboración militar con Estados Unidos, que había sido firmado en el periodo de “la guerra fría” perdió su fuerza. En ese mismo mes el gobierno de Venezuela propuso a Estados Unidos sacar a su contingente militar del fuerte Tiuna, dónde se habían acantonado por más de 40 años.

En forma inmediata y como era de esperarse sobrevinieron acciones de respuesta. En 2006 Washington introdujo un embargo a Venezuela que prohibía el abastecimiento de refacciones para los aviones de caza F-16 y prohibió a gobiernos como España, Suecia, Gran Bretaña, Italia y otras vender a este país armamentos, que utilizaran tecnología americana. Según evaluaciones de especialistas, esto afectaba al 60% de toda la tecnología militar que conformaba el armamento de Venezuela.

Por su parte Venezuela, que finalizó en 2005 su colaboración con Estados Unidos en la lucha contra los narcóticos bajo el pretexto de que los elementos de los servicios americanos desarrollaron actividades de espionaje, en agosto de 2006 decidió posponer la firma con Estados Unidos de un nuevo acuerdo. El causante de ello fue la formación en la CIA de una “misión” especial de observación sobre Cuba y Venezuela, de tipo análogo a los ya existentes, para dar seguimiento a la situación en Irán o Corea del Norte.

Pese de las numerosas declaraciones de los representantes del Comando Sur sobre un “nuevo espíritu de colaboración”, en esencia no avanzó ni un paso la elaboración de la nueva concepción de seguridad regional, lo que ratificó la Conferencia Especial de la OEA sobre problemas de seguridad, llevada a cabo en 2003 en México. En el documento final no señalaron ningún nuevo enfoque. La mayoría de las delegaciones latinoamericanas corroboraron su posición tradicional negativa sobre el asunto de la “militarización” de la OEA y la asignación de funciones operativas de dirección al Consejo Interamericano de Defensa (CID). El nuevo sistema no se formó en gran parte y por causa de que los mismos Estados Unidos no estuvieron realmente interesados en el. Ellos optaron por las alianzas político-militares ad hoc con colaboradores concretos (por ejemplo con Colombia) y mostraron incredulidad en las capacidades de las estructuras intergubernamentales tradicionales.

Los gobiernos latinoamericanos solo entonces comenzaron en forma paulatina a superar el complejo de soberanía defensiva en sus interrelaciones.  Junto a esto, las élites políticas de algunos países vieron como potencial peligro la reorientación de las fuerzas militares locales hacia “el frente interno” bajo el pretexto de la guerra contra el terrorismo.

Recordamos que la idea de otorgarles en esencia funciones policíacas no era nueva. Desde los años 60 la misma se promovía permanentemente por los Estados Unidos, lo que favoreció al hecho de que durante este periodo Latinoamérica, como lo habíamos señalado, prácticamente quedó cubierta por una ola de golpes de Estado bajo la cantaleta de “salvaguardar la estabilidad política”. Por eso no resulta sorprendente que en septiembre de 2004 los ministros de defensa de siete gobiernos de la región (la mayoría de ellos eran civiles) en una sola voz rechazaron la tesis del rol de encabezamiento de las fuerzas militares en la guerra contra el terrorismo. M Bachelet, en aquel momento ministra de defensa de Chile (a partir de 2006 la presidenta del país), en particular recalcó que las fuerzas armadas -no eran la cabeza, sino un eslabón auxiliar en la guerra contra el terrorismo. El Ministro de defensa de Argentina J. Pampuro declaró, que mientras Canadá y Estados Unidos interpretan las funciones de nuestras fuerzas armadas en mayor grado como policiacas, orientadas para el aseguramiento de la estabilidad política, “nosotros nos mantenemos exactamente en dirección contraria a ese punto de vista” (10).
 

Visita retrazada
 

La cumbre de Mar del Plata en octubre de 2005,  fue un peculiar indicador de que las ilusiones  de principios de los años 90 sobre la formación de “una zona única de desarrollo y prosperidad de Alaska hasta la Tierra de Fuego”, no solamente no se realizaron sino que dos Américas se irguieron cada vez más alejadas una de la otra en una serie de posiciones. El encuentro formalmente dedicado a la lucha contra la pobreza no solamente puso un peculiar fin a las negociaciones del proceso de la formación del ALCA, sino que se convirtió en un campo de batalla entre la mayoría de los presidentes latinoamericanos y G. Bush, un tono que no fue levantado por H. Chávez sino por el anfitrión de la cumbre el presidente de Argentina, N. Kirshner. El declaró que ningún libre comercio puede ser la panacea para la solución de los serios problemas sociales en el continente. Durante el forum, G. Bush se notaba más que pálido, sin declarar algo claro, a excepción de su frase favorita “el libre comercio- es la principal tarea de las dos Américas”, lo que produjo solamente irritación entre los demás participantes. Como resultado G. Bush se vio obligado a retirarse aún no terminado el forum y la firma del documento final.

La tan fracasada visita además mostró que "la política de bajo perfil" de la administración de G. Bush claramente no progresó y además perdía posiciones en extremo. Al mismo tiempo el sentir antinorteamericano aumentó no solamente entre las amplias capas de la población sino también entre la élite política y empresarial latinoamericana, comúnmente de sentir más conservador y cercano hacia Estados Unidos. En las audiencias conjuntas de los Subcomités para organizaciones internacionales y para Asuntos del Hemisferio Occidental de la Cámara de representantes del Congreso de Estados Unidos, llevadas a cabo en marzo de 2007, el representante de la agencia “Zogbi International”, desde 1997 encargada de monitorear la imagen de Estados Unidos entre las élites latinoamericanas reveló los siguientes datos: en 2006, la política de Estados Unidos fue evaluada en forma negativa por el 86% de los cuestionados, hasta en Colombia, en la que Washington había invertido, al parecer, miles de millones de dinero, - el 78%. Es característico que el cambio en la relación hacia Estados Unidos ocurrió en forma bastante violenta. Todavía en 2005, el 67% de los cuestionados caracterizaron la relación con Estados Unidos como “muy importante” y se expresaron por un aumento de atención por parte de los Estados Unidos hacia la región (11). La situación de alguna forma había que corregirla, mas aun porque en Estados Unidos se acercaba la campaña preelectoral, transcurso en el cual los republicanos no querían mostrarse como la administración “perdedora” de América Latina. En estas condiciones fue tomada la decisión de una nueva visita. La que comenzó a prepararse a comienzos de 2007.

En América Latina literalmente comenzaron a caer altos funcionarios de la Dirección de desarrollo internacional, del Ministerio de finanzas y otras dependencias, encargadas de los programas de ayuda a los países extranjeros. El asunto era, aunque verbalmente, demostrar que los Estados Unidos estaban dispuestos a invertir medios en proyectos sociales en la región y de esa forma neutralizar el efecto negativo que causó la petición al congreso sobre la ayuda para el año financiero de 2008, cuando G. Bush redujo las asignaciones precisamente a los países latinoamericanos en un 8%. Llamaba además la atención, un elemento más de este peregrinar. Las visitas se llevaban a cabo básicamente en países tales como Nicaragua y Ecuador , donde “los de la izquierda” acababan de llegar al poder y habían dado sus primeros pasos en cuanto a su política interna y externa. Hacer comentarios sobre este caso resultaría por demás.

El viaje del presidente de los Estados Unidos, como siempre, fue precedido por una “artillería” propagandística. Así, durante su intervención el 1 de marzo de 2007, en la Cámara Española de comercio (Nueva York), G. Bush comenzó un discurso (que continuó durante la visita) y que según una nota graciosa del corresponsal del “Nuevo Herald”, en forma de plagio fue copiado a …H. Chávez. “Es indignante que decenas de millones de nuestros hermanos y hermanas en el Sur del Continente padecen de penosa subsistencia y hasta ahora no les toquen los frutos de la democracia, ni del libre comercio –declaró en su intervención el presidente norteamericano – Nosotros tenemos en forma conjunta que continuar la revolución, comenzada por Simón Bolívar…” (12).

En forma drástica se cambió no solamente el discurso, mostrado durante el viaje, según apreciaciones del corresponsal arriba señalado, G. Bush no menos de 15 veces expresó “su dolor” por esta región, dejando de lado sus tradicionales llamados de lucha contra el terrorismo internacional” (13). En vísperas de la visita fue anunciado que Estados Unidos, otorgaría US$ 375 millones en créditos hipotecarios para las "familias obreras" así como US$ 75 millones para la enseñanza de inglés a los jóvenes latinoamericanos. Además de eso se prometió el equipamiento de un barco- un hospital navegante, el cual transitaría a orillas de la costa de América Latina y el Caribe, recibiendo a bordo hasta 80 mil pacientes y llevaría a cabo hasta 15000 operaciones. Subrayando el objetivo humanitario de la visita, su equipo de preparación se esforzó por organizar su ruta de tal forma que el tuviera una mayor comunicación con la gente común, es decir “que estuviera con el pueblo”.

Sin embargo y durante la preparación de la visita no faltaron los ya tradicionales “errores” de la administración de G. Bush. A tres días de la aparición del presidente en el sur, el Departamento de Estado de los Estados Unidos publicó su informe anual sobre la situación de derechos humanos en los países del mundo que tradicionalmente provocaba una oleada de indignación por todas partes y en primer lugar en América Latina. También en esta ocasión, dicho informe fue evaluado como una abierta intromisión en los asuntos interiores de otros estados, sobre los que Washington, especialmente después de los sucesos ocurridos en la cárcel iraquí de Abu Greib y el no cumplimiento de los elementales derechos humanos en relación con los presos en Guantánamo, simplemente no tenía ni el más mínimo derecho moral.

En lo que respecta a la elección de los países a visitar, esta parecía totalmente entendible. Brasil figuraba, como se diría, por definición, más aún porque ya se había anunciado en respuesta sobre la visita de Lula a Estados Unidos. Además se anunció que G. Bush recibiría al presidente de Brasil en su residencia de Campo David – honor que alcanzan no todos los presidentes latinoamericanos. Durante la visita a Brasil se preveía discutir sobre un proyecto conjunto para la ampliación de la producción de etanol (sustituto de la gasolina por un combustible ecológicamente puro), cuya producción en 75% corresponde a Brasil y los Estados Unidos. El proyecto preveía la integración de Colombia y América Central. En un sentido solapado quedaba claro: sobre la limitación de la diplomacia energética de H. Chávez, quién para ampliar su influencia en la región en más de una ocasión utilizó el suministro de petróleo en condiciones ventajosas. Más aún, de acuerdo con informaciones aparecidas en la prensa G. Bush tenía intenciones de abordar con Lula el “problema de Venezuela y Cuba” (14).

Uruguay también fue escogido bajo una base bien justificada. Para la administración de G. Bush no pasó inadvertida la naciente agudización de las contradicciones entre los “pequeños” y “grandes miembros” del Mercosur, que tenía mucho que ver con la situación de que Brasil y Argentina, habían logrado integrar en el Reglamento de la organización, la prohibición de convenios separados sobre libre comercio para cualquiera de los miembros de este grupo (art. 34 del Estatuto), en esencia se habían privado de las posibilidades de entrar hasta en negociaciones con Estados Unidos sobre este asunto. Al comienzo esto produjo molestia para después convertirse en una expresa protesta, en primer lugar para el presidente de Uruguay, T. Vázquez, también de “izquierda”, quien declaró en más de una ocasión sobre la dictadura de estos dos gigantes suramericanos en el Mercosur. Si para Brasil y Argentina este asunto no era de importancia, más aún que estas dos naciones de hecho habían bloqueado el proyecto del ALCA, para la “pequeña” economía uruguaya perder su nicho en el mercado de Estados Unidos hubiera sido altamente no conveniente, teniendo en cuenta que la mayoría de las naciones andinas al firmar semejantes convenios separados (a decir verdad aún no ratificados por el Congreso de Estados Unidos), bien podrían ocupar este nicho. Esta situación también incumbía a Paraguay.

En estas condiciones  la misión, fijada ya por la segunda administración de Clinton, meterle una cuña al Mercosur (en ese momento haciendo todo lo posible por provocar rivalidad entre Argentina y Brasil) no solamente no perdió actualidad para Washington sino que adquirió en las nuevas condiciones del reacomodamiento de fuerzas (a este bloque integracionista en 2006, se sumó Venezuela) especial importancia.

La visita a Colombia tuvo en primer lugar un carácter simbólico y tenía que demostrar el apoyo de Estados Unidos a su principal aliado en la región. Precisamente aquí G. Bush, pudo anunciar en forma libre acerca de los grandes recursos que Estados Unidos habían otorgado a esta nación. Además de eso, el sólo hecho de la visita de 7 horas del presidente de Estados Unidos a este país, enfrascado en una lucha contra grupos terroristas, tenía que dejar en claro un evidente progreso en esta lucha (otra vez con la ayuda de Washington), lo que le permitió a G. Bush “no preocuparse” sobre su propia seguridad.

Se podía entender, que la visita a Guatemala, se trató no solamente de una demostración de relaciones de alianza (este país como otras tantas naciones de América Central, apoyó la intervención en Irak). Precisamente Guatemala, donde “el giro a la izquierda”, aún no ocurre, fue escogida en calidad de país, donde G. Bush tenía que marcar especial “preocupación” por parte de los Estados Unidos sobre los problemas sociales en la región, en particular visitando barrios pobres. No es casual que más tarde él anunció sobre la creación en Panamá de un Centro Regional para la preparación de personal para cuidados médicos.

Finalmente en México, G. Bush tenía que de alguna forma, apagar una evidente insatisfacción, provocada por la decisión adoptada por él mismo en 2005, de la construcción de un muro en partes de la frontera mexicano-norteamericana. Era también necesario mejorar la relación con la administración de F. Calderón, quien había declarado en una de sus intervenciones que México no volvería a tener trato con Estados Unidos bajo el principio de “amistad de dos cow boys”, insinuando sobre lo poco resultativo que habían sido los encuentros particulares del presidente pasado V. Fox y G. Bush.

En conjunto el viaje del presidente de Estados Unidos por países de América Latina había dejado una doble impresión. Por una parte, la administración republicana, aúnque con evidente retrazo, “cayó en la cuenta” e intentó tomar medidas para el mejoramiento de la relación con los países de la región. Por otra parte –estas medidas tenían más bien un carácter demostrativo. El real “paquete de medidas”, con el que el Presidente de Estados Unidos viajó a América Latina, como escribiera en su artículo editorial, el brasileño “Estado de Sao Paulo”, era “una gota en el mar” y toda la ayuda americana a la región era equivalente a lo que, en cinco días Estados Unidos gastaba en la guerra en Irak (15). Además de eso, según datos de la Organización de colaboración y desarrollo económico, entre los 22 países más ricos del mundo, Noruega había otorgado a la ayuda exterior, el 0,9% de su producto interno bruto, Francia – el 0,42% y Estados Unidos tanto como España –sólo 0,16%.

En cuanto a los sentimientos antinorteamericanos en la región, el viaje de G. Bush en algo aumentó a estos. Los temas abordados en sus intervenciones, realmente sobre "puntos vulnerables" y especialmente el carácter declarativo de sus soluciones provocaron en la gente una seria irritación. En este sentido el presidente norteamericano, sin desearlo él mismo, ayudó a H. Chávez, quien “siguiéndole los pasos” a Bush, organizó en los vecinos países multitudinarios mítines de protesta, entre los cuales en primer lugar es necesario resaltar el masivo mitin que lograra en el estadio de Buenos Aires, con un cupo para 100 mil personas, que el gobierno argentino otorgó a Chávez. Multitudinarios mítines de protesta tuvieron lugar también en los países visitados por G. Bush, lo que dio fundamento para comparar su viaje con el llevado a cabo casi medio siglo atrás en 1958, de entonces todavía vicepresidente R. Nixon, cuyo automóvil fue atacado con piedras.

En continuación con los paralelismos históricos, recordamos, que aquella visita fue la causa de un cambio radical de la base política latinoamericana, por parte de los ganadores un año después de las elecciones, de los demócratas encabezados por Kennedy. Ese cambio se había expresado en el programa de “Alianza para el progreso”.El escenario con el que cuentan los actuales demócratas para el empuje de iniciativas de gran envergadura en Latinoamérica, objetivamente es bastante favorable. Estarán ellos en capacidad de aprovechar esto, o una vez más todo quedará limitado a batallas electorales y declaraciones vacías, nosotros lo sabremos muy pronto.

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NOTAS
1. Nuevo Herald. Miami, 8. VI.2005.
2. Se trata en primer lugar sobre los bien conocidos “Sendero Luminoso” y el movimiento Revolucionario “Tupac Amaro”(MRTA) en 1980, activistas del terror no solamente contra representantes del poder sino también contra la población civil.
3. http://foreignaffairs.house.gov/110/bird032807/htm
4. Andes 2020. A New Strategy for the Challenges of Colombia and the Region. Report of an Independent Commission Sponsored by the Council o Relations. Center of Preventive Action. New York, 2004.
5. A. Isacson. Militarizing Latin American Policy. - Foreign Policy in Focus. Washington, 2001, Vol. 6 N 21, p.3.
6. Ibid., p.1-2.
7. Ibid., p. 3.
8. 2005 State Department Congressional Presentation for Foreign Operations. Bolivia.
9. Htt://ciponline.org/facts/0410 btl esp.pdf
10. The Houston Chronicle, 14.IX.2004.
11. http://foreignaffairs.house.gov/110/bir 031207.htm
12. Nuevo Herald, 2.III.2007.
13. http://www.elnuevoherald.com/172/story/16759.htm
14. http;//www.miami.com/mld/elnuevo/news/world/cuba/16437652.htm
15. Citado según:http://www.elnuevoherald.com/172/story/16759.html